Consulta popular: la balanza le es desfavorable

Pocas virtudes, muchos defectos. El optimismo del Ejecutivo por la presentación de las once preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional (CC) chocó con las críticas que de inmediato surgieron desde sectores políticos y conocedores de este tipo de procesos al cuestionario planteado por el presidente Daniel Noboa.

EXPRESO propuso a abogados constitucionalistas analizar lo positivo y lo negativo que encuentran en la propuesta del Gobierno. La balanza se inclinó claramente hacia los cuestionamientos y las pocas posibilidades que tendría el cuestionario del mandatario para superar el filtro de la CC.

Para José Chalco, el pliego de preguntas estaría violando la carga de lealtad y claridad que son requisitos básicos para iniciar cualquier control constitucional. “No existe, en estricto sentido, un cuestionario técnico que produzca algún efecto jurídico real. ¿Cuál sería el resultado si este cuestionario pasa? Al día siguiente de la consulta no sucederá nada en el país”, vaticinó el jurista que no encuentra nada que justifique llamar a los ecuatorianos a las urnas, tal como ha sido planteada.

El abogado constitucionalista Stalin Raza incluso afirma que lo enviado por el presidente Noboa llega con una “trampa” a la Corte Constitucional que, a su criterio, no va a permitir un supuesto intento de burlar el control constitucional.

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Lo explica de la siguiente forma: “este es un referéndum enmascarado del plebiscito. El primero tiene por objeto presentar a la ciudadanía una reforma a las leyes y el segundo es para consultar a la ciudadanía conceptos generales. El presidente le dice a la Corte que va a usar un plebiscito para que la Asamblea Nacional sea la que haga las reformas de ley, pero que recién va a enviar esos proyectos de ley una vez que le aprueben las preguntas. Eso es una trampa, porque la Corte también debe revisar la constitucionalidad de esos proyectos que no están en los anexos”, aseguró.

No es lo único. El especialista aseguró que un buen número de preguntas no tienen sentido, porque ya son parte de la normativa vigente como la participación de las Fuerzas Armadas, junto a la Policía Nacional, en situaciones de inseguridad determinadas. Por eso, la pregunta uno la califica como innecesaria.

“La posibilidad de incrementar penas para los delitos graves es posible hacerlo directamente desde la Asamblea, más cuando se supone que tiene una mayoría legislativa y ya hay en la Comisión de Justicia varios proyectos para segundo debate con incrementos de penas a esos mismos delitos. Más allá de que no coincido con que el incremento de penas ayude en algo a enfrentar la inseguridad”, agregó.

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El constitucionalista Ismael Quintana está seguro de que entre la pregunta tres hasta la diez no eran necesarias incluir en una consulta popular, ya que podrían haber sido planteadas como proyecto de ley, porque el presidente no necesita el permiso de los ciudadanos para ejercer una de sus principales potestades que es presentar propuestas normativas en cualquier materia. “Es decir, aunque la ciudadanía le diga que no, el presidente puede presentarlas, porque no puede anular el ejercicio de una disposición constitucional”.

Aunque suena bien la posibilidad de que se evalúe a los funcionarios judiciales, incluyendo una auditoría a sus patrimonios esto también ya está establecido en la Constitución, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio, aunque es evidente que dicho trámite no se está realizando con el rigor del caso. Incluso, la Contraloría General del Estado puede y debe llevar adelante exámenes especiales a todos lo servidores públicos, entre los que se incluyen funcionarios judiciales. Por lo que, ha decir de los juristas, puede ser una pregunta políticamente servible, pero innecesaria en la práctica.

Sin embargo, Quintana sí encuentra algo positivo en la pregunta once que habla sobre permitir el funcionamiento de casinos en el país, algo que está vigente desde hace 13 años. “Fue un error en 2011 meter de relleno una pregunta de este tipo a efectos de prohibir una actividad que en otros lados es lícita y genera fuentes de empleo, actividad económica, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de la legalidad y observación de los entes de control”, dijo Quintana.

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Idea que no comparte Raza que considera que esto no tiene nada que ver con seguridad y muy poco con generación de empleo. “Lo que habría que analizar es si lo de los casinos es el fundamento de la consulta y las demás preguntas son distracción, porque como hemos dicho, resultan innecesarias”.

Por ahora, el mayor optimismo es el que proyecta el Ejecutivo. El presidente Noboa tiene otra versión de la de sus detractores. Ayer, pocas horas después de presentar el documento ante la Corte Constitucional, salió a defenderlo asegurando que servirá para “construir el nuevo Ecuador en donde se combata la violencia, la impunidad y el desempleo”.

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