Consulta popular y elecciones locales son una combinación riesgosa
El Gobierno justifica la propuesta por el ahorro de recursos. Activistas temen “contaminación” del proceso. Sugieren que sea antes de las seccionales
Un ahorro que implica riesgos. Aunque todavía se encuentra en etapa de gestación, el escenario que plantea el Gobierno para la celebración de una eventual consulta popular no sería el más óptimo de acuerdo a los entendidos en este tipo de procesos.
La fecha se presenta como un primer escollo: febrero de 2023, junto con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Según el presidente Guillermo Lasso, hacer coincidir ambos procesos permitirá economizar recursos.
No me parece atinado que una consulta para resolver los graves problemas se una con la elección
¿A costa de qué? El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, dice que se corre el peligro de que se “contamine” la consulta con los intereses políticos de la elección de autoridades locales y termine siendo un referendo de apoyo o rechazo al Gobierno.
“Lo mejor es hacerlo como un acto independiente, lo que se denomina invertir en democracia”, expresó Aguinaga.
Hay antecedentes. En junio de 1986 el presidente León Febres Cordero llamó a un referendo y preguntó: “¿quiere usted que los ciudadanos independientes tengan pleno derecho a ser elegidos sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno, confirmando así la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?”.
Ese mismo día se eligieron a los 71 diputados que en esa época conformaban el Congreso Nacional y los partidos políticos aprovecharon la campaña para echar abajo la pregunta que solo alcanzó el 24,9 % de votos a favor.
El colectivo Voces por la Democracia también ve la fecha como “inconveniente”. Uno de sus integrantes advierte que las elecciones de prefectos, alcaldes, concejales, miembros de las Juntas Parroquiales y del CPCCS podría hacer que el debate de las preguntas de la consulta pase a segundo plano.
Lo mejor sería no contaminar las fechas porque puede convertir los temas de interés en algo político.
“En ciudades como Guayaquil o Quito el principal interés estará en quiénes pueden llegar a las alcaldías. No se va a poder profundizar el debate en temas como la reorganización de la justicia que es importante”, señaló Fausto Camacho, exconsejero electoral y miembro de esta agrupación.
Tampoco los tiempos se muestran favorables. Si se confirma la fecha de febrero de 2023, será prácticamente en la mitad del período de Lasso y para entonces podría haber perdido parte del respaldo que le dio la aplicación del plan de vacunación. Si bien Cedatos ubicada en un 73 % la aprobación de la gestión del presidente en agosto de 2021, este porcentaje ha ido bajando.
“Esperar un año es demasiado tiempo. Considero que esta consulta debería hacerse en mayo o a más tardar en junio. Se necesita una estrategia política y un plan de comunicación, caso contrario puede perderse la consulta”, considera Aguinaga.
Un tercer punto que será gravitante es la presentación misma de las preguntas a la ciudadanía que deberán superar primero el filtro de la Corte Constitucional.
Considero que una consulta popular debería darse antes de las elecciones de febrero de 2023
Los temas a incluirse deben ser cuidadosamente analizados para evitar que suceda lo que en 1995, cuando el presidente Sixto Durán Ballén planteó 11 preguntas, entre ellas una sensible sobre Seguridad Social, que arrastró hacia el no a toda la consulta.
Por eso, Camacho sugiere que antes de tomar decisiones sobre el cuestionario, se debería fomentar un amplio debate entre actores y entidades de la sociedad civil y organizaciones políticas con el objetivo de alcanzar acuerdos mínimos sobre las reformas a ser planteadas.
