El consumo de drogas, un paciente sin historia clínica
Ecuador no puede dar detalles, en cifras, sobre esta problemática. No hay data desde 2016
No le han tomado ni la temperatura. La última vez que Ecuador hizo una radiografía sobre el consumo de drogas, a nivel nacional, fue en 2016 a través de un estudio realizado por la extinta Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (Seted). Desde esa fecha, hasta la actualidad, el Ministerio de Salud Pública (MSP) poco o nada ha hecho para levantar nuevos datos que ayuden a dibujar, en cifras, la evolución y expansión del consumo de sustancias peligrosas a nivel país.
Y si bien la cartera de Salud prevé actualizar datos, en 2025, con el proyecto Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral de Fenómenos Socioeconómicos de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental, con un presupuesto de 27 millones de dólares, para Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), los años que han transcurrido sin estadística habla de un Estado negligente: “es una gran debilidad que resta claridad al momento de crear políticas públicas con las que se pueda abordar y tratar este problema que no solo afecta a adultos, sino a niños. No solo es negligencia, ha sido falta de voluntad política”.
El consumo de drogas en Ecuador, por encima del promedio en Latinoamérica
Leer másY es justamente con la data de 2016, que Ecuador ha formado parte, por varios años, del Informe Mundial de Drogas realizado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc). Convirtiéndose en uno de los países “que se quedan atrás” a la hora de realizar una evaluación y comparativa sobre la propagación del consumo a nivel regional. Así lo confirmó María Mercedes Dueñas, coordinadora Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas de Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, a EXPRESO. (Lea además: "La guerra entre bandas deja a dos jóvenes muertos en Durán")
Dueñas recalcó que, pese a que algunos países de la región no poseen data actualizada, como Ecuador, siempre debe existir una respuesta desde la Salud Pública y desde los derechos humanos en este escenario para que las personas afectadas por el consumo tengan oportunidades de tratarse y tener accesos a servicios, o se estructuren políticas de prevención.
Aunque reconoció que, si “tenemos datos confiables y localizados, las intervenciones van a ser más localizadas. Siempre hay que intervenir. Hay que preparar a nuestros niños y adolescentes y así minimizar los riesgos en zonas vulnerables”.
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Leer másLa ausencia de datos no solo complica a las autoridades en materia preventiva, también desencadena otras problemáticas como la delincuencia común, los embarazos no deseados y el robustecimiento de las organizaciones delictivas, según el psicoterapeuta vivencial y director de la fundación Sembrando Ganadores, Guillermo Robalino. (También puede leer: "La cocaína se ‘desborda’ en vías y balneario, según últimas incautaciones")
El experto explica, a modo de metáfora, que la problemática del consumo de drogas es como un paciente al que, si no se conoce sus síntomas, no se le puede recetar un tratamiento y, mucho menos, diagnosticar su estado de gravedad: “los jóvenes de hoy ya no tienen vergüenza de ser consumidores, especialmente aquellos que se decantan por la marihuana. Eso es una muestra pequeña de que los datos pierden vigencia. Porque así como la sociedad evoluciona, el negocio del narcotráfico también, por eso vemos a los chicos consumiendo ‘cocaína rosada’, fentanilo y fentamina”.
No obstante, para el Ministerio de Salud Pública, el consumo de alcohol “es una de las sustancias más relevantes de atención a nivel nacional por la extensión de su consumo y los riesgos asociados a las mismas”, por encima del consumo de drogas. Un planteamiento que Salud basó en encuestas y estudios realizados entre 2015 y 2018.
Uno de estos, el III Estudio Epidemiológico Andino sobre el Consumo de Drogas en la Población Universitaria de Ecuador realizado en 2016, en el que se determinó que el 51,1% de los estudiantes, en esa época, consumieron alcohol por al menos una vez al mes, un 56,4% tabaco y un 26,9% usó marihuana alguna vez en su vida.
A esta data se suma la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Esanut 2018), en la que se estimó que el 26,2% de adolescentes ha consumido alguna vez en su vida alcohol y un 4,3% consumió tabaco. Sobre el consumo de otras drogas, la cartera de Salud señala los datos levantados por la encuesta Nacional sobre Uso y Consumo de Drogas, en 2016, en la que observó un consumo anual de heroína (2,5%), cocaína (2,3%) y pasta base de cocaína (1,9%).
Datos que, al final del día, poco ayudan a los municipios a la hora de construir políticas públicas que traten la problemática; y es justamente por esto que las autoridades apuestan por encuestas locales para conocer cuán compleja es la situación.
El Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo, a través de un convenio, planea ejecutar un estudio para obtener data más aterrizada a la realidad. Así lo detalló Daniela Chacón, directora ejecutiva de la fundación Tándem, quien lleva a cabo el levantamiento de estadísticas sobre el consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la población estudiantil: “actualmente no hay datos, no sabemos realmente la repercusión de esta problemática en los ciudadanos, por eso necesitamos identificar hábitos de consumo en esta población para disponer datos y luego tomar acciones que nos permitan tomar decisiones”.
Este Diario solicitó al Ministerio de Salud Pública una entrevista para conocer cuáles son las acciones que actualmente realiza para prevenir el consumo, sin embargo, no hubo respuesta.
Lo que sí precisó a este Diario es que ya se han desplegado acciones en torno al proyecto con el que busca abordar el fenómeno socioeconómico de las drogas, con la contratación de personas, adquisición de material didáctico, medicamentos y actualización de estudios.la Cifra: $27 millones prevé destinar el MSP para abordar el fenómeno socioeconómico de las drogas.
El detalle
Dato. La Seted fue eliminada en 2018 por el expresidente Lenin Moreno, que repartió las atribuciones al Ministerio de Salud y otras al Ministerio del Interior.
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