El contrabando de cigarrillos derrota al mercado formal
Los decomisos pasaron de 3 millones de unidades a 23 millones, en los últimos tres años. La venta ilegal hoy tiene un 79% de participación
El cigarrillo es el producto más contrabandeado del país. El mercado local está inundado con tabaco chino, cuya venta ilegal ha crecido en los tres últimos años.
La evidencia es el número de decomisos, que pasaron de 2,7 millones de unidades aprehendidas a 23,4 millones entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2019 y 2021 (ver gráfico).
Las cifras cobran dimensión en las calles de Quito o Guayaquil. En la plaza Foch o en la Bahía del puerto principal, los vendedores muestran cajones de manera rebosantes de cajetillas fabricadas, la mayoría de ellas por la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC), la mayor empresa de cigarrillos del mundo, que controla casi la mitad del mercado a nivel global.
El producto no tiene un registro sanitario. En las cajetillas tampoco aparecen las fotografías de los órganos putrefactos que sí emplean las cajetillas legales, como advertencia de que fumar mata. Y el precio está escrito a mano: $ 1,50, cuatro veces más barato que el producto formal y que grava impuestos.
“Esto es un fenómeno regional. Desde Panamá se envían toneladas de este producto que ingresan al país evadiendo el control, perjudicando al Estado, a la industria local y a la salud”, dice Joan Luna, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional.
Incluso, desde febrero de 2020, la Ameripol, que es la organización de las policías de América, envió una alerta para que todos los países trabajen en operativos para frenar las redes de contrabando de cigarrillo. “El impacto de este fenómeno es tan grande, que de la venta que se limitaba a las calles ha pasado a comercializarse en tiendas e incluso en bodegas”, comenta el oficial.
Esto pese a que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) dice estar haciendo el mayor esfuerzo posible por controlar el ingreso ilegal de este producto. No obstante, tras ser consultado por este Diario, no se explica cómo sus decomisos en dólares el año pasado llegaron a crecer un 145 %. Según el ente, en el 2019 las retenciones alcanzaron los $ 2 millones, pero al 2020 eso cerró en $ 5 millones. Este año, la situación se agrava, hasta la semana pasada, esa cifra estaba por los $ 7,5 millones. Las marcas Golden Beach, Carnival y Silver Elephant son las que más se comercializan.
El incremento del hecho ilícito ha remontado en estos últimos meses, pero para los actores de esta industria eso sigue siendo un efecto de la decisión que el Gobierno de Rafael Correa tomó hace 7 años: la de incrementar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se grava sobre el tabaco. Glenda Ruiz, directora de Asuntos Externos para Itagsa y Proesa, empresas afiliadas a la internacional Philip Morris, explica que esa decisión, que se dictó en los años 2014 y 2016, significó un alza de hasta el 73%.
En ese entonces, recuerda, esa política tuvo dos objetivos puntuales: el disminuir el consumo por razones de salud pública y el de incrementar la recaudación tributaria; sin embargo, añade, hoy por hoy, nada de eso se consiguió.
Hay que revisar el ICE a los tabacos. No buscamos que el consumo se eleve, sino que se formalice
Ruiz explica que el encarecimiento del cigarrillo legal lo único que hizo es dar cabida a la venta ilícita. En el año 2014, la incidencia del contrabando era el 5%, hoy está en 79% de participación. “Lo que vemos es solo un traslado de la demanda legal a la ilegal, el consumo no disminuyó. “Cuando en el 2014, el 95% del mercado eran ventas legales, estas alcanzaban las 2.114 millones unidades anuales, hoy al 2020 hablamos que el mercado total legal e ilegal sigue siendo muy similar”. Por otra parte, añade, tampoco se recaudó más. Citando los resultados de un estudio hecho por la encuestadora Invamer el año pasado, señala que en los últimos 6 años, la caída de ventas legales se traducen en una afectación para el Estado de más de $ 1.000 millones.
Un escenario que en el país ha tenido además otros efectos, uno de ellos el cierre forzado de Tanasa, otra de las afiliadas a Philip Morris, que hasta el 2019 compraba y procesaba la hoja que proveían más de 330 agricultores. En los últimos 5 años, la industria venía usando apenas el 15% de su capacidad.
La Ley de Contrabando, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, da un halo de esperanza a la industria formal. Más controles ayudarían a parar esta actividad que, según Senae, solo el año pasado generó $ 60 millones en decomisos. Además de los cigarrillos, otros productos que ingresan por contrabando son los textiles, confites y medicinas.
En el caso de los cigarrillos, si se quiere controlar habría que empezar por reformar el Código Penal que con su artículo 301 hace que los comerciantes del cigarrillo ilegal sean intocables. “Ellos saben que no pueden ser detenidos porque el valor del producto no es elevado. El Código impone sanciones por este delito solo cuando el valor de la mercadería es igual o superior a diez salarios básicos del trabajador”. Es decir, los vendedores deberían tener en sus cajones de madera más de $ 400 en tabaco para ser arrestados.
