El contralor Pablo Celi se enfrenta a la justicia electoral
El ente de control insiste en la eliminación del Registro de Organizaciones Políticas de cuatro movimientos
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) convocó al contralor Pablo Celi a la audiencia oral única de pruebas y alegatos, por una denuncia que pesa en su contra por supuesta infracción electoral.
El funcionario deberá acudir ante los jueces electorales el martes 14 de julio de 2020. La denuncia también alcanza a Santiago Araujo Ribadeneira, director de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral.
La denuncia llegó al TCE el 22 de junio pasado y es impulsada por la representante legal del movimiento Compromiso Social, Vanessa Freire. Cinco días después fue admitida a trámite por el Contencioso Electoral.
Esto, luego de que Celi firmara el documento en el que se ratifica en la recomendación de eliminar del Registro de Organizaciones Políticas a Compromiso Social, agrupación que acoge al correísmo desde 2019, además de Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo.
El contralor también predeterminó una multa superior a los $7.000 y la destitución de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera que, con sus votos, han permitido que estos cuatro grupos políticos mantengan su registro.
Esto pese a que el examen de la Contraloría determinó que estos movimientos presentaron firmas irregulares para su calificación, que no fueron detectadas durante el proceso de verificación del CNE.
A Atamaint, Acero y Cabrera les queda 10 días para presentan sus pruebas de descargo ante la Contraloría. Luego de eso se determinará si se ratifica la destitución y la multa que se predeterminó el 22 de junio.
El CNE, también analiza denunciar a Celi ante el TCE por una supuesta infracción electoral que, de ser encontrado responsable, podría acarrear su destitución.
En contra de la decisión de la Contraloría también se han interpuesto recursos en la Corte Constitucional, el Contencioso Administrativo y hasta en la Defensoría del Pueblo.
Esta diligencia debía desarrollarse el viernes 10 de julio, pero por solicitud de la Procuraduría General del Estado, que también fue convocada, se aplazó para el martes.
