Mauricio Torres, contralor General del Estado
Mauricio Torres, contralor General del Estado.CORTESÍA

Contralor señala que glosas caducadas son responsabilidad de funcionarios

Mauricio Torres, contralor general del Estado, confirmó que existen alrededor de $ 4.000 millones en glosas caducadas

Mauricio Torres, contralor General del Estado, confirmó que existen unos 4.000 millones de dólares en procesos de auditoría, que prácticamente caducaron.

Este lunes 2 de septiembre de 2024, el contralor indicó que se ha detectado que algunos funcionarios no aprobaron informes en 180 días, sino en 800 o 900 días. También mencionó que hay informes que han caducado "por estar guardados en las direcciones o por ser entregados a un analista que no los revisó".

Torres adelantó que se han aplicado tres exámenes de auditoría interna a las direcciones de Responsabilidades, Revisiones y Predeterminaciones. En una entrevista con Ecuavisa, afirmó: "Existe bastante inoperancia, pero también hay procesos que pueden haber caducado por falta de personal. Sin embargo, hay valores altos que creo fueron guardados a propósito".

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Respecto a la colaboración de funcionarios de la Contraloría General del Estado con estudios jurídicos, Torres confirmó que, al asumir el cargo, encontró servidores que trabajaban directamente con estos estudios.

"Varios fueron separados, y algunos de ellos se presentaron a defender a los examinados, lo que prueba que lo que dijimos era cierto. Estamos detectando, por denuncias, que algunos aún trabajan con estudios jurídicos y avisan con antelación a las personas sobre las glosas que se avecinan. Reparten incluso tarjetas. A la mayoría ya los hemos separado, y otros están en procesos disciplinarios".

El contralor también indicó que los actos de corrupción involucrarían a las máximas autoridades, incluyendo excontralores, directivos, directores de responsabilidades y mandos medios. "Esto funciona en equipo; el desvanecimiento de glosas sigue el mismo modus operandi. Se ha detectado en dos casos específicos: uno de 110 millones y otro de 9 millones de dólares. En ambos casos, se argumenta que los documentos han sido quemados, pero al revisar las computadoras usadas por los funcionarios, se afirma que el incendio los destruyó. Hay documentación digitalizada, pero en algunos casos específicos ha desaparecido".

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