La Contraloría analizará la tarifa que el Estado paga a OCP
El ministro René Ortíz dijo que hay errores absurdos en la discusión por el pago. Ahora se cancelan dos dólares por barril
La postura no resultó tan inflexible. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aseguró que no revisará la tarifa que se paga a la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP), pese a las observaciones que detectaban un pago excesivo. Ahora, según conoció EXPRESO, la Contraloría General del Estado iniciará un examen por los valores con novedades.
El ministro de Energía, René Ortiz, en una carta enviada hace dos semanas a la secretaria general jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, aseguró que hablar de una revisión de tarifa es un error absurdo porque Ecuador debe honrar el acuerdo firmado en 2018 con OCP. Es decir, el país debe pagar dos dólares por cada barril de crudo que se transporta por el oleoducto privado.
El problema, o al menos la novedad que el ministro negó, es que en 2001 hubo un acuerdo que podría establecer que el Estado (el ministerio y la empresa pública Petroecuador) pague dos dólares por barril a menos que OCP cobre un valor menor a otro cliente. En 2017, según reconocieron las autoridades ministeriales, se evidenció un pago de 1,40 dólares.
La administración anterior de Petroecuador advirtió sobre esta novedad al ministro Ortiz e incluso dejó de pagar la tarifa a OCP hasta que se aclare el valor. Ortiz ordenó mantener la tarifa vigente y eso motivó la salida del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.
La semana pasada, el ministro dio por cerrado el tema asegurando que el nuevo gerente de la empresa petrolera, Ricardo Merino, tiene la orden clara de igualar los pagos atrasados (que sumaban unos 18 millones de dólares) y que cumpla puntualmente con los dos dólares por barril. También se negó a consultar con la Procuraduría General del Estado para que ese organismo resuelva qué contrato tiene la última palabra sobre la tarifa.
La pugna, ampliamente documentada en este Diario, encendió alarmas en la Contraloría General del Estado. Esta semana se emitiría una orden de trabajo para que el organismo constate cuál es el valor real a pagar y si OCP debe devolver la diferencia pagada por Petroecuador y por el Ministerio de Energía.
Al ser consultados, los voceros de OCP aseguraron que el contrato que debe prevalecer es el de noviembre de 2018. Si en 2017 hubo un cobro menor, eso no aplica. Dijeron que un cambio sería un atentado a la seguridad jurídica en el Ecuador.
