Contraloría dificulta el control

Todos los funcionarios públicos deben informar cuál es su historial económico al entrar a trabajar para el Estado y cómo salen de él. La finalidad es controlar que no se hayan enriquecido injustificadamente aprovechando sus funciones o, en caso de altos cargos, su posición de poder.

Desde esta semana, la Contraloría, que es el ente llamado a fiscalizar el uso de recursos públicos para que no haya corrupción, ha restringido el acceso público a esta información. La Contraloría, cuyos últimos dos contralores están bajo sospecha con procesos penales, precisamente por presuntas coimas a cambio de desvanecer glosas, decidió ampliar las exigencias para acceder a las declaraciones juramentadas de los funcionarios que permiten saber la situación económica del propio contralor, de la fiscal general, de los asambleístas, de los ministros, del presidente, de los alcaldes, de los concejales, de los gerentes de hospitales, etc.

No solo se pide -y el ente registra- datos personalísimos de quién quiere acceder a esta documentación, sino que ya no la entrega completa. Al cumplir los nuevos requisitos, la Contraloría envía la declaración juramentada patrimonial por la que se consulta al correo del solicitante, pero borra todos los datos de identificación que relacionan esos activos, autos, inmuebles, cuentas bancarias, hipotecas o tarjetas de crédito con la persona a la que pertenece el perfil y su cargo. Es decir, es solamente un perfil económico: solo cifras y propiedades, sin nombre, cédula, cargo o fecha de funciones.

Según la Contraloría, si bien la legislación garantiza el derecho de la ciudadanía de acceder a fuentes de información verídica que le permitan participar democráticamente en el control y seguimiento a la administración de recursos públicos, establece ciertos límites en la publicidad de la información personal.

Por esa razón “respetuosa de las garantías constitucionales, y considerando que se encuentran en juego dos derechos de igual valor, ha dispuesto el registro de las personas interesadas en acceder a la información que reposa en las bases de datos institucionales”, precisa.

Eso implica uno de los puntos denunciados por organizaciones y ciudadanos: los interesados pueden acceder a las declaraciones, pero deben registrar el número de cédula o nombres y apellidos del funcionario a consultar. Para ello, deben colocar su información personal como cédula, nombre y correo electrónico.

Organizaciones y ciudadanos se unieron para expresar su preocupación “por las nuevas limitaciones y restricciones impuestas en el buscador de declaraciones patrimoniales juradas de funcionarios públicos en la página web de la Contraloría”. En un comunicado hicieron un resumen de las complicaciones y limitaciones que habrían iniciado el 11 de mayo al haber establecido la obligatoriedad de conocer el nombre completo y el número de cédula del funcionario público para realizar una búsqueda.

Exigieron a la contralora Valentina Zárate, restablecer el sistema de búsqueda, eliminando todo tipo de limitación y restricción al derecho de acceso a la información.

Marcelo Espinel, uno de los firmantes del comunicado, considera que la imposición de restricción “sin duda que abona a la corrupción” porque cree que la auditoría de esos documentos no solo debe realizar la Contraloría y las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos.

El detalle

Acción. Organizaciones y ciudadanos anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante las actuaciones de la Contraloría.

Consulta

Este es el perfil patrimonial del contralor Pablo Celi. O al menos es el mail que la Contraloría envió a un correo de Diario EXPRESO cuando se consultó la declaración juramentada de Celi. El documento adjunto remitido por el ente había borrado los datos de identificación y cargo.

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