El ineficaz combate a la corrupción

Con la llegada del nuevo Gobierno, los informes con indicios de responsabilidad civil y penal realizados por la Contraloría, especialmente en los que se involucraba a funcionarios de la administración anterior, empezaron a publicitarse en todos lados.

La deuda pública, la compra de brazaletes electrónicos por parte del extinto Ministerio de Justicia, los decretos de estado de excepción y el uso de los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas fueron algunos de los procesos que, con la misma rapidez con la que se emitieron, fueron quedando en el olvido sin que el principal órgano de control público reclame justicia ante la Fiscalía. El 94 % de los casos se encuentran aún en fase de indagación previa y solo un 2 % han llegado a la etapa de juicio.

Una situación que fue alimentando la percepción de impunidad en los casos de corrupción y que se suma ahora a la aparición de una avalancha de irregularidades que han sido difundidas principalmente por organizaciones civiles o desde los medios de comunicación, y ya no desde el principal organismo de control público.

Durante este año, especialmente con la llegada de la pandemia, la gestión de la Contraloría se vio atropellada por las denuncias que salían casi a diario en los medios y en las redes sociales sobre irregularidades en la asignación de contratos o sobreprecios en la compra de insumos médicos. Un modo de operar que se había normalizado en la función pública sin que la Contraloría lo detectara. La institución encargada de controlar iba un paso atrás.

Cuestionado por esta tardía reacción, el contralor Pablo Celi dijo en una entrevista el pasado 3 de junio que todo se debía a que en el gobierno anterior se limitó las acciones de la Contraloría, pues se le quitó la facultad de control previo.

“La Contraloría ya no tiene capacidad de control preventivo, por lo que no puede examinar previamente las condiciones contractuales y pronunciarse. Esto fue muy importante en su momento porque le permitía al país tener los resguardos para un control anterior a los sucesos. Lamentablemente hoy la Contraloría solo tiene control posterior y lo que debemos hacer es revisar los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución y encontrar ahí las evidencias”, lamentaba el contralor.

Aunque para Daniel González, abogado experto en contratación pública, es necesaria una nueva reforma a la ley que le devuelva la facultad de monitoreo previo, este control tardío obedece más a una gestión ineficaz de la Contraloría, pues la institución sí tiene otras formas de realizar controles a los procesos de contratación.

“La ley no le impide intervenir en cualquier momento. Si la Contraloría quiere intervenir en un proceso, pide información y la institución pública tiene que darla”, explica.

González cree que la Contraloría debe empezar a transparentar más su gestión para que la ciudadanía conozca las intervenciones que realiza. “Ahora ha ido actuando en función de la coyuntura. Ante un poco de ruido que los medios hacen, la Contraloría saca un comunicado de que va a hacer una acción de control, ¿pero por qué no lo ha hecho antes también?”, cuestiona.

“En lo local, ¿qué está pasando? Hay direcciones que no se sabe qué están haciendo. Estas direcciones deben actuar con oportunidad, eficiencia, eficacia. En función de eso, a la Contraloría le ha faltado mucha más intervención, planificación, transparencia y publicidad”, reitera.

Qué está pasando en las direcciones provinciales es una duda que también le surge a Patricio García, exdelegado de la Contraloría en Manabí.

García estuvo un poco más de un año en el cargo, hasta julio de 2019, y asegura que auditó varios proyectos relacionados a la reconstrucción, en los que se determinaron glosas millonarias e indicios de responsabilidad penal. A ninguno de los casos que investigó le han dado seguimiento, denuncia.

“Auditamos a Ecuador Estratégico, al Comité de la Reconstrucción, a la Universidad Técnica de Manabí, a la concesión de la Autoridad Portuaria de Manta, la Refinería del Pacífico y más. Mi tarea era esclarecer todos estos hechos que escandalizaron al país. Pero los pasos siguientes son los que no se han ejecutado. No se ha citado ni notificado a los involucrados, ni se han impulsado desde la Fiscalía estos exámenes que son públicos y están colgados en la página web”.

Hay otros casos, como los de los hospitales de Bahía y Manta sobre los que ha publicado EXPRESO en las últimas semanas, que están paralizados en las oficinas de Contraloría, pese a tener cuestionamientos del Sercop.

El exfuncionario dice que, al menos en estos casos, la lucha contra la corrupción no se ve mermada por los procedimientos propios del sistema, sino más bien por personas que impiden que se llegue a las últimas consecuencias.

“El país necesita un baño de verdad, necesita conocer la realidad. Creo que este silencio es una cortina de humo porque aquí están comprometidos peces y tiburones grandes”, señala.

Con él coincide Ricardo Ramírez, representante de la Comisión Anticorrupción Guayas. “En esencia en este país todo sigue igual, nada trascendente y fundamental ha ocurrido en la lucha contra la corrupción ni en procesar a los responsables fundamentales, porque las cosas no avanzan”, sostiene.

Ramírez cuenta que a inicios de año ellos también llevaron documentación a la Contraloría, relacionada con irregularidades en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y en un dispensario del IESS en el norte de Guayaquil, pero que hasta la fecha no han tenido novedades de esas investigaciones.

“La Contraloría debe actuar como le corresponde y ser más eficiente y más oportuna en su labor de control. Pero esto no es de ahora, ya el año pasado habíamos denunciado con nombres y apellidos todo lo que los medios están publicando ahora del tema del manejo hospitalario. Y nadie hizo nada. Han dejado pasar tanto tiempo que muchos de esos involucrados ya no están en el país ”, enfatiza.

“Aquí un hecho de corrupción aplasta a otro y van quedando en el olvido, a tal punto que después los que han estado involucrados en esos casos se esconden medio año y aparecen como salvadores de la patria y llamando a la gente a que les dé el voto”.

EN DETALLE

El Sercop y la UAFE, también cuestionados

Independientemente de la responsabilidad que tiene la Contraloría sobre el control de la correcta utilización de recursos públicos, los especialistas consultados por este Diario piden no olvidar, en la cadena de errores, al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

“La Contraloría debería hacer ese control previo en coordinación con el Sercop para que eso ayude a una compra pública un poco más transparente y más eficaz”, resalta Daniel González.

Además, el especialista explica que ahora las instituciones interpretan la Ley de Contratación Pública “como pueden”, como consecuencia de la generalidad de los artículos y de la falta de un proceso uniforme de contratación que debe ser establecido por el Sercop.

“Empezando por los documentos que se necesitan para autorizar el gasto en una contratación, unas instituciones piden unos y otras, otros. En el momento de pago cada institución entiende cómo pagar a su manera. Entonces, para que no suceda eso y exista un mayor control, hace falta una actuación mucho más eficaz del Sercop”.

Por su parte, Ricardo Ramírez, de la CNA Guayas, sostiene que la UAFE no se ha pronunciado “desde hace mucho tiempo” sobre las denuncias que ha hecho la Comisión sobre “los nuevos ricos”, que ahora también son denunciados en los medios.

“Aquí hay una evidente epidemia de nuevos ricos, de gente que de la noche a la mañana tiene mansión, casa en Miami y vehículos de alta gama, y son ellos (la UAFE) los que deben hacer el análisis financiero y de enriquecimiento de estas personas cuestionadas y dar insumos a la Fiscalía”.