La Contraloria pone bajo la lupa los recursos usados por la Prefectura de Pichincha
La investigación va a la par de la iniciada por la Fiscalía General del Estado. El data center del organismo de control fue reubicado en un sitio seguro.
La Contraloría General del Estado anunció este lunes 21 de octubre de 2019 que inició una investigación al uso de los recursos públicos de la Prefectura de Pichincha en los días previos y durante la protestas callejeras que se registraron en el país, en el contexto del paro nacional.
El contralor Pablo Celi prefirió no ahondar en detalles ni adelantar conclusiones con respecto al arranque de este examen especial, pero dijo que este va en concordancia con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General del Estado.
La semana pasada, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida tras un allanamiento a su vivienda y se le formularon cargos por el presunto delito de rebelión. La funcionaria guarda prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.
La Fiscalía también allanó el edificio de la Prefectura, ubicado en el ingreso al Centro Histórico de la capital, para obtener indicios que le permitan probar que desde en esa edificación se pudo planificar y financiar parte de las protestas que desembocaron en actos violentos entre los que se incluye la destrucción parcial del edificio de la Contraloría.
Al respecto, Celi anunció este 21 de octubre los pasos que se están dando para intentar recuperar el 100 % de la operatividad de la entidad de control, que se ha visto obligada a ocupar espacios físicos de otras instituciones públicas.
Por ejemplo, el data center de Contraloría fue reubicado y está activado. Con eso, la página web institucional empezó a funcionar con todos sus servicios. El despacho del contralor fue ubicado en la Superintendencia de Bancos.
Celi ratificó su decisión de suspender los plazos para la entrega de pruebas de descargo, las contestaciones a comunicaciones provisionales de resultados y la presentación de observaciones de borradores de informes, entre otros. “Esto para garantizar a los auditados el derecho a la defensa”, dijo.
Esto se irá regularizando a medida que avancen los procesos de restauración de los sistemas para lo cual no existe un tiempo determinado. Tampoco se conoce aún el monto económico exacto de los daños provocados en Contraloría.
