Al contrario de los ofrecimientos, el crimen y la violencia se dispararon
El índice de muertes violentas pasó de 5,7 a 7,7 en cuatro años. Los femicidios subieron, pero se redujo el dinero para la prevención
El sistema de salud pública no ha sido el único que ha convulsionado durante el gobierno de Lenín Moreno, el de seguridad interna también.
En los últimos cuatro años, y pese al confinamiento que ha mantenido a la población encerrada total y parcialmente por más de un año, las cifras de homicidios por violencia criminal y la incautación de droga no han hecho más que crecer luego de algunos años, en los que las autoridades locales y nacionales se jactaran de llevar las cifras a la baja.
La fundación InSight Crime, dedicada al estudio de la principal amenaza de la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, pone a Guayaquil como el epicentro de los hechos violentos que se registraron en 2020 y ya en lo que va del 2021, la Policía de la Zona 8 señala que ocurren al menos dos asesinatos al día, la mayoría ligados al crimen organizado.
“En Guayaquil hubo constantes enfrentamientos entre pandillas, las cuales pasaron de asesinar a sus víctimas en las calles y en reuniones familiares a secuestrar y matar cada vez más a sus objetivos a lo largo del año”, señala la organización internacional.
A nivel nacional, la tasa de muertes violentas subió de 5,7 a 7,7 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2020, y en lo que va del 2021, la cifra de crímenes: 734, ya supera la mitad de los registrados el año anterior: 1.371.
toneladas
de droga fueron decomisadas en 2020, la mayor cifra en los últimos cinco años. En lo que va del 2021, ya van 53.
El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, reconoce que Ecuador enfrenta “un reto de inseguridad”, pero asegura que, al menos en Guayaquil, el 78 % de los crímenes violentos se ha generado entre “personas que tienen antecedentes penales” y que “se dedican a actividades ilegales”. Pero, además, afirma que lo que sucede en las calles y en los centros carcelarios es “una reacción” por parte de las bandas narcodelictivas a los controles y desarticulaciones que se han hecho en estos últimos años.
“El Gobierno ha emprendido una lucha directa contra el narcotráfico y los resultados son muy claros: un incremento del 60 % entre el 2019 y 2020 en sustancias sujetas a fiscalización y en este año ya vamos un 30 % sobre lo que hemos capturado en el 2020”, señaló a este Diario.
Sin embargo, el coronel Mario Pazmiño, analista en seguridad ciudadana, asegura que “los asesinatos no son solo por las capturas”. “Esto es por control territorial. Además, están vinculados a las peleas que se dan al interior de los centros carcelarios, donde están los Lagartos y los Choneros. A raíz de la muerte de alias Rasquiña se registró un ajuste de cuentas porque querían eliminar a la otra o absorberla, eso es así. Por los asesinatos es un 3 % de casos”.
El exdirector de Inteligencia del Ejército explica que el principal problema fue desactivar la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Esmeraldas’, que inició labores en la frontera norte tras los atentados de San Lorenzo y el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio.
“Esta era un tapón para toda la actividad en el cordón fronterizo, pero aún así la retiraron. Las debilidades en seguridad se fueron acrecentando y el Gobierno no tomó ninguna medida especial”, señala.
Además de la criminal, la violencia de género también está generando mucha preocupación, aunque, según Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío, no la suficiente para que el Ejecutivo lleve a cabo acciones para combatirla como se prometió al inicio del período.
muertes
violentas se registraron en 2020, 410 más que en el 2016, antes de la llegada de Lenín Moreno.
“Se aprobó la ley en contra de la violencia contra las mujeres y eso es invalorable, pero no ha sido una prioridad su operativización y luego se disminuyeron los recursos para su implementación”, explica.
En 2019, por ejemplo, Finanzas destinó 3,4 millones de dólares a la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero luego hubo un recorte de millón de dólares.
Ese recorte impidió la inclusión de más casas de acogida y centros de atención integral para la atención a víctimas de violencia de género.
“Las mujeres queremos es que la ley se implemente integralmente, queremos que no nos violen, que no nos maten. Eso no se consigue entregando medidas de protección, que a veces son las que activan la violencia. Hay que prevenir y para eso no hay financiamiento”, lamenta Gómez.
En lo que va del 2021, Finanzas no ha remitido a la Secretaría de Derechos Humanos el presupuesto para cumplir con los objetivos del proyecto.
Los femicidios pasaron de 60 a 79 en los últimos dos años y durante el confinamiento el ECU 911 recibió una llamada cada cinco minutos por denuncias de violencia machista.
