La contratación pública acumuló brechas en la confidencialidad
Exempleados del Sercop podían acceder al sistema aún después de su desvinculación. Algunos proveedores incumplidos eran habilitados
No solo es corrupción. La herencia del gobierno anterior también incluye desorden y hasta la vulneración de derechos a la privacidad. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) fue parte de estos males y ahora es investigado. Entre 2016 e incluso durante este gobierno, se detectaron fallas en su sistema informático.
Las cuatro fallas que detectó el Sercop en el concurso para contratar el seguro de Petroecuador
Leer másA decir de la Contraloría General del Estado, la entidad no cumplió normas básicas de protección de información confidencial. Como ejemplo, personal desvinculado del servicio mantuvo sin ningún control sus claves de acceso para revisar y hasta manipular los procesos de contratación pública.
Es decir, exburócratas despidos del sector público no perdieron sus privilegios de acceder a un sistema que mueve más de 6.000 millones de dólares cada año.
Solo en este año, en medio de una emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, el gasto por contratación de bienes y servicios supera los 3.401,1 millones.
Que personal ajeno al Sercop pueda acceder a procesos y documentos confidenciales no es el único problema que detectó la Contraloría. También se omitieron controles para garantizar la seguridad de la información entregada por proveedores y entidades estatales.
En su informe DNA1-0034-2020, la Contraloría señala que existía información confidencial que fue expuesta a todo aquel que utilice el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE). Esa falla se mantuvo hasta 2019.
Ante las observaciones del ente de control, la directora general del Sercop, Silvana Vallejo, ordenó que se refuercen los controles y se respeten los principios de privacidad.
Contraloría aclara que no se habla de documentos reservados por tratar de ocultar negociaciones o el uso de fondos públicos. Son textos que tienen información personal de los actores involucrados.
Uno de los puntos más críticos del informe es, sin embargo, la ligereza con la que se trató a los proveedores incumplidos. Según la Contraloría, la falta de filtros permitió que proveedores privados que fallaron al Estado sigan recibiendo contratos.
La normativa establece que los oferentes que incumplieron o que tienen sanciones por cuestionamientos a su conducta -incluso por temas de corrupción- deben ser declarados inhabilitados. Eso no pasó.
EXPRESO consultó con el Sercop y se informó que se están acatando las recomendaciones. Se subsanarán todas las observaciones si es que ya no fueron remediadas.
