Contratista sobornó a juez para que Loja pague $ 7M como sanción, según caso Plaga

Más difícil era entregar el dinero que conseguir al juez "suicida". Según el testimonio de Hugo Lara Olmos, uno de los abogados que colaboró para Cristian Romero Moya, quien llevaba la defensa del narcotraficante Leandro Norero (+) y actual procesado en el caso Metástasis, el Municipio de Loja es una de las entidades que fueron víctimas de la corrupción dentro del sistema de justicia.

Según Lara, ahora procesado en el caso Plaga, Romero era una suerte de 'zar', si de justicia se trataba, por las estrategias que ejecutaba a la hora de lograr que los jueces fallen a favor de sus clientes, cueste el dinero que le cueste y sin dejar huellas: "Hacia todo para que nadie se dé cuenta. Dentro de la Judicatura, las actuaciones judiciales eran borradas o modificadas en el Satje. Cuando consultabas el número de causa o los casos en que obtenía libertades, lo actuado desaparecía", declaró Lara.

Agregó que no solo ayudaba a policías "destruidos" a volver a las filas policiales, también a empresas o cualquier cliente a conseguir que la justicia falle a su favor a cambio de grandes sumas de dinero. Uno de esos casos, según el abogado Lara, vincula al Municipio de Loja y la constructora Covipal.

"Otra acción de protección fue con la constructora Oviedo Palacios (Covipal), contra el Municipio de Loja, por incumplimiento de un contrato. Estaba todo arreglado. No participé, pero sé que el Municipio de Loja le pagará $ 7 millones a favor de Covipal. Esta decisión se apeló, se rechazó la apelación y se concretó la acción de protección. Entiendo que se iniciaron los trámites para cobrar", relató Lara y agregó que un contratista pagó 30 mil dólares para comprar al juez.

Lara continuó su relato y detalló que el fallo tuvo como fecha marzo de 2023, y que todo se fraguó cuando Santiago Eduardo Oviedo, contratista del Gobierno provincial de Chimborazo, contactó al abogado de Norero, Cristian Romero, para encontrar a alguien "que ayudara con una acción de protección porque ganarían mucho dinero". Señaló que fue ahí cuando conocieron al señor Galo Efraín, juez de Santo Domingo: "Santiago puso 30 mil dólares para esta causa, los cargaban en una maleta buscando un juez suicida y fueron a Santo Domingo; la decisión quedó en firme".

Este Diario contactó al equipo de comunicación del alcalde de Loja, Jorge Montero, para conocer su versión al respecto. Desde el Cabildo se señaló que hay una confusión en las declaraciones del abogado Lara Olmos, y que dicha acción de protección habría perjudicado a la Prefectura de Loja: "Nosotros no tenemos contratos con Covipal es Prefectura". 

Y en efecto, el prefecto de Loja, Mario Mancino, explicó a EXPRESO que la acción de protección fue concedida durante la administración anterior y el juez constitucional falló a favor de la constructora. Durante su gestión, Mancino detalló que ha cumplido con la disposición del juez, aunque esta no incluye el pago de 7 millones de dólares en multas, sino la exoneración de las sanciones que la Prefectura de Loja interpuso a Covipal por incumplimiento de contrato, por un monto similar a la cifra mencionada anteriormente. 

Actualmente, según Mancino, la constructora está finalizando los detalles para completar la obra en un plazo de ocho meses, como lo dictaminó el juez constitucional. Sobre las irregularidades para obtener la acción de protección, dijo que la Fiscalía es la entidad llamada a investigar. 

Cristian Romero defendía a policías 'destruidos'

Según Lara, Romero era tan audaz que contrataba para su seguridad a expolicías que eran sus clientes. "Policías destruidos llegaban a él para contratarlo como abogado, pero al final los contrataban como su seguridad; les daba armas y chalecos", contó Lara.

Las artimañas de Romero eran de tan alto nivel que, según Lara, logró que dos personas volvieran a las filas policiales con acciones constitucionales, en uno de los casos de un policía, la acción de protección la hicieron en Santo Domingo: "Lo exprimió (a los policías) en honorarios para hacerle regresar a las filas, eran 10 mil para cada juez... Entregó en la Corte de Santo Domingo 20 mil dólares en una maleta", relató. 

Según el sitio web de la constructora Covipal, está radicada en la provincia de Chimborazo y se dedica al mantenimiento y reconstrucción de vías. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, los accionistas mayoritarios son Oviedo Moreano Santiago Eduardo y Sandra Lorena Vallejo Lara. 

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