El control no se fija en los fallos judiciales

El Consejo de la Judicatura (CJ) asegura estar empeñado en “luchar porque la ciudadanía recupere la confianza en el sistema judicial”, como lo dice su presidenta, María del Carmen Maldonado. Todo, dentro del control administrativo y disciplinario.

Un control que no entrará a revisar los fallos que emitan los jueces, como el anunciado la noche del miércoles dentro del denominado caso Arroz Verde, que investiga presuntos actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Enríquez y Édgar Flores decidieron sustituir la prisión preventiva que pesaba contra Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, por considerarla exagerada. Según indicaron, la Fiscalía no demostró los requisitos que establece la ley para solicitar esa medida cautelar, por lo que decidieron cambiarla por el arresto domiciliario, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico.

La decisión generó el rechazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien señaló que “la Fiscalía está actuando a fin de que estos hechos relacionados con la corrupción no queden en la impunidad; sin embargo, (en) la Función Judicial se nota que no está haciendo su trabajo...”.

Para Maldonado, las declaraciones de Salazar y “las motivaciones que ella tenga para hacerlas corresponden a un órgano que se llama Fiscalía General del Estado, a quien le corresponde la investigación; a nosotros nos corresponde el control, lo administrativo, la vigilancia, la disciplina, la sanción; y, en ese sí queremos indicar nuevamente que el Consejo de la Judicatura es respetuoso del principio de independencia judicial...”.

La funcionaria asegura que se han realizado varias acciones en contra de servidores, quienes han sido suspendidos o destituidos. No dio cifras.

Las declaraciones las dio la mañana de ayer, en la ciudad de Guayaquil, donde sesionó el Pleno de la Judicatura, para anunciar la notificación que han realizado a los jueces y conjueces de la CNJ, con la metodología de la evaluación que comenzó en febrero; y, cuyos resultados están previstos en septiembre. Un proceso que se enmarca en parámetros cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia, con una puntuación mínima de 80 y máxima de 100 puntos.

Aunque Maldonado recalca que la evaluación no tiene que ver con los fallos, por ser materia jurisdiccional; aclara que sí se analizará la calidad de la sentencia (la estructura formal, el planteamiento de los problemas jurídicos y las fuentes del derecho utilizado y la motivación).

Pero invitó a la ciudadanía y a las autoridades a presentar sus denuncias en caso de verse afectados. “Sabemos que hay buenos servidores y contamos con ellos; pero también sabemos que hay malos servidores de los cuales debemos prescindir”.

Calidad de sentencia

El proceso de evaluación no entrará a analizar el sentido del fallo, sino la calidad de la sentencia, dentro de los parámetros anunciados, con un total de 65 puntos. Se dejan 15 puntos para una sustentación oral de la resolución, por ser parte de un proceso de oralidad.

Remoción

Quienes no alcancen el mínimo de 80 puntos requerido dentro de la evaluación serán removidos, como así lo manda la Constitución. La Judicatura manifiesta que “no se trata de una persecución”, pues se busca a los mejores jueces en la Corte Nacional.