Controlar el TCE es tener una enorme ventaja electoral en Ecuador
ANÁLISIS. ¿Quién o qué grupo estuvo tras la toma del TCE? Muchos dedos apuntan al gobierno de Daniel Noboa
Una toma tan grosera y alevosamente ilegal como la del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) únicamente se puede explicar, en un país como el Ecuador, por alguna necesidad electoral imperiosa y desesperada de algún grupo político con poder. Se trata de una forma muy rudimentaria pero muy eficiente de tomar el control de un organismo que, durante la época electoral como la actual, puede llegar a ser el más importante del Estado.
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Lo del lunes 12 de agosto, en efecto, tiene unos problemas legales que hacen de la toma hecha por tres jueces un gesto preocupante. Para comenzar está el hecho que tres de los cinco jueces que integran el TCE se reunieron sin convocatoria y sin orden del día.
Tampoco comunicaron de tal reunión al entonces presidente Fernando Muñoz ni al juez Joaquín Viteri. Fue tan evidente el atropello legal que el prosecretario del TCE presentó su renuncia, estando también ausente.
En esa reunión decidieron sacar de la presidencia a Muñoz, sin indicar los argumentos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión que se tomó. Pero eso no es todo, hay otras violaciones legales de espanto: la resolución de la destitución se fundamentó en el Código Orgánica Administrativo que permite que los órganos colegiados, por mayoría, destituyan a sus presidentes. Sin embargo, para el TCE rige el Código de la Democracia que en su artículo 24 indica que el presidente se elige por un período de tres años, que para Muñoz sigue vigente.
¿Quién o qué grupo estuvo tras la toma del TCE?
Muchos dedos apuntan al gobierno de Daniel Noboa. En EXPRESO se hizo una nota con el testimonio de varios actores políticos y todos señalaban a Noboa.
¿Por qué habría Noboa de mover los hilos para tomarse el poder en el TCE? Tratándose de un candidato, el presidente Noboa tiene muchos intereses en juego que pueden decidirse en ese organismo.
Para comenzar está el de la vicepresidenta Verónica Abad, a la que Noboa no quiere entregar el poder para poder lanzarse de candidato. En el TCE está en trámite una demanda en contra de Abad que presentó Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación y Control Social, que sostiene que Abad hizo campaña anticipada cuando era candidata a la Alcaldía de Cuenca.
Esa demanda no parecía caminar porque el presidente destituido Fernando Muñoz no parecía comulgar con la acusación. Sin él en la presidencia y con jueces mucho más dóciles en la mayoría es mucho más posible que se la sancione y se la destituya del cargo de vicepresidenta con lo cual el gobierno se habrá librado de lo que ha sido visto como una pesadilla para Daniel Noboa.
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Pero también está la demanda por violencia política de género presentada por la propia Abad en contra del presidente de la República, Daniel Noboa; la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial Diana Jácome.
Este caso recayó precisamente en manos de Fernando Muñoz, un juez en el cual el gobierno de Noboa no tiene confianza. Vistas las cosas así, Noboa se beneficiaría con un TCE más dócil a su poder no solo para poder sancionar a Abad y librarse de ella sino también para evitar una eventual destitución suya. Además, tener el poder para evitar sanciones a sus candidatos y aplicarlas a sus adversarios.
El correísmo también es mencionado
¿Pero únicamente Noboa se beneficia? El precandidato Henry Cucalón piensa que el correísmo es el otro beneficiario y que en este tema está coludido con el Gobierno.
El correísmo tiene, en efecto, motivos como para tomarse el poder del TCE: primero la posibilidad de que sus vocales del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, Yadira Saltos, Augusto Verduga y los alternos Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor (miembros de la llamada Liga Azul) puedan ser destituidos por llegar auspiciados por la Revolución Ciudadana, lo cual está prohibido por la ley. De ocurrir aquello, el correísmo habrá perdido una de las más importantes parcelas de poder en el Estado.
En resumen, lo que ocurrió durante la toma del TCE no es otra cosa que un síntoma de cualquier república bananera donde uno o dos sectores se apropian del organismo que controla las elecciones.
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