Coronavirus: Asamblea concluye el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario

Cuatro días, la intervención de 102 asambleístas y 88 comparecencias tomó el primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para salir de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica,

Ahora la propuesta del Gobierno regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que inicie la recopilación de las observaciones que se han presentado y trabajar en el informe para segundo y definitivo debate. El documento deberá estar listo en un plazo de cinco días. Las observaciones se dieron a los cuatro capítulos que contiene el proyecto: contribuciones temporales y únicas; medidas solidarias para el bienestar social; cuenta especial de ayuda humanitaria e impulso a la economía; y, medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo.

Sobre la contribución humanitaria de personas naturales con y sin dependencia laboral sostuvieron que el monto debería establecerse a partir de los 1000 o 2000 dólares. Además, pidieron que los trabajadores autónomos tengan algunos meses de gracia para cancelar la contribución. Respecto a las colaboraciones de las empresas también se propuso que exista una tabla de aportaciones de acuerdo con las ganancias.

Uno de los temas que mayor debate trajo, fue la inclusión del artículo 5 del informe en donde se establece el impuesto al patrimonio a bienes inmuebles que estén en paraísos fiscales. La aclaración del presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, de que la normativa establece que el impuesto patrimonial del 2 % será de forma exclusiva para bienes inmuebles de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales y que este gravamen no afectará al común de la población, no convencieron a todos los asambleístas, que pidieron su eliminación en el informe final, para evitar que se den malas interpretaciones y se cobre un nuevo impuesto al patrimonio de los ecuatorianos.

Además, sugirieron otras alternativas para la recaudación de fondos: moratoria al pago de la deuda externa, cobro de las deudas en firme a las grandes empresas por parte del Servicio de Rentas Internas, contribuciones de la banca privada para la emergencia y cobrar el 25 % de las condonaciones que, en años pasados, se hizo a los grandes grupos empresariales.

Se insistió en que entre las medidas se establezca la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato se extienda a los arriendos de los locales comerciales, al no tener actividad económica indicaron que es imposible pagar los cánones de arrendamiento.

Respecto a la prohibición de terminar con las pólizas de salud plantearon que estas se extiendan hasta 60 días después de terminada la emergencia sanitaria a pesar que las cuotas mensuales no hayan sido cubiertas. Señalaron que los montos no pagados serán divididos para los meses de vigencia del contrato, indicaron que no se deberán cobrar intereses por mora.

Un nuevo pedido surgió para que la banca, tanto pública como privada, entregue al agro créditos a bajas tasas de interés, se planteó que sean de un solo dígito.

La sugerencia fue la creación de un fideicomiso, el cual administrará los fondos recaudados para afrontar la crisis sanitaria, la reactivación económica y la asistencia humanitaria para los grupos vulnerables, que de manera permanente se informe a la Asamblea Nacional y a la Contraloría sobre la administración y el uso de este fideimosiso. Se planteó que estas dos instituciones tengan la capacidad de remover de sus cargos a los miembros del fideicomiso que hayan cometido irregularidades en su manejo.

También expusieron que sería conveniente que exista una veeduría para el control de esos recursos. A la vez ratificaron en que el destino no debe ser utilizado para el pago de la deuda externa.

Los asambleístas, si bien apoyaron el acuerdo entre las partes, manifestaron que es necesario establecer mecanismos de control previo a la suscripción de convenios con el fin de que no se vulneren derechos de trabajadores.

Al finalizar el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, lo calificó como productivo y señaló que los aportes servirán para construir una ley que permita afrontar la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Destacó que el tratamiento de las normativas enviadas por el Ejecutivo se dará en los plazos pertinentes como lo establece la Constitución y la ley, descartando que estas entren en vigencia por el Ministerio de Ley, como se ha advertido.