Contraloría determina indicios de irregularidades en el contrato de kits para la Secretaría de Riesgos

El pasado 7 de mayo, la entonces secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, señalaba que la adquisición de kits de alimentos para la atención de emergencias derivadas por la pandemia de coronavirus se realizó de manera transparente y cumpliendo todos los procesos. La exfuncionaria dijo que desde el inicio pidió apoyo a la Contraloría. 

Sin embargo, ese mismo organismo, luego de analizar el contrato determinó una serie de irregularidades en la contratación de kits complementarios de alimentos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. El informe con indicios de responsabilidad penal ya fue enviado a la Fiscalía, ente al que le corresponde abrir una investigación previa o de encontrar elementos, pedir una fecha para la formulación de cargos.

Según el organismo de control, los funcionarios de la entidad auditada solicitaron y recibieron por e-mail dos proformas para participar en el proceso de contratación de los kits. Pero, en las proformas no se especificaron los precios unitarios de los productos que conformarían los kits.

La Contraloría da cuenta que el proveedor adjudicado actualizó su RUC, “cambiando su actividad económica principal el mismo día que presentó su oferta a la entidad contratante, esto es 21 de marzo de 2020”. El informe establece que el contrato se firmó el 1 de abril de 2020, sin documentos que evidencien la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica del proveedor, para la ejecución de la adquisición y entrega de los kits de alimentación.

Según la Contraloría, previo a la contratación no hubo un análisis pormenorizado de la oferta presentada ni se la comparó con otras ofertas que existen en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y operativa. Algo que según el análisis no permitió contar con una opción más conveniente a los intereses institucionales y con menor costo de contratación.

El contrato suscrito fue por 1’182.428,80 dólares. Pero el equipo de auditores señaló que debió ser de casi la mitad, eso es 706.790 dólares. Los expertos explican que hubo dos razones: una diferencia de 389.620 dólares entre el valor unitario de cada kit contratado (150.82 dólares) y el costo de mercado (95.16 dólares) y que el contratista sumó el valor del IVA a todos los productos de cada kit. Pero, solo a ocho de los 18 que eran parte de la canasta, se les graba IVA. Eso motivó que se incremente el valor en 86.049,60 dólares. 

La Contraloría detalla que esas variaciones en los precios de los kits y el reajuste del IVA llevaron a que el resultado sea un valor en más de 475.638,80 dólares que representa un 40,23 % más en relación al valor total que debió haber tenido el contrato. Ese monto no cuenta con documentos de respaldo.

Pero no solo eso. Los valores de los víveres evidencian diferencias de hasta 7.70 dólares en relación con precios de mercado. El proveedor de la Secretaría, dirigida al momento de la contratación por Alexandra Ocles quien presentó su renuncia el lunes, cotizó el saco de 10 kilos de arroz grado 2 en 13,86 dólares pero en el mercado cuesta casi la mitad, eso es 7,99 dólares. La diferencia es de 5,87. Las variaciones de precios de los productos siguen. En la carne de res hay un incremento injustificado de 6,43, en el atún de 4,80; en la pasta tipo tallarín de 5,28.

Los auditores concluyeron que no se solicitó al proveedor el detalle de costos directos e indirectos. Hay ausencia de las fechas de elaboración en los Informes de necesidad, términos de referencia e informe de idoneidad. El contratista que recibió la adjudicación no reporta pagos de impuesto a la renta de antes de 2019, año en el que declaró 1.279,26 dólares.