El correísmo capta el CAL y aprueba otra ley mordaza

“¡Uuuooouuu!”... En la bancada correísta, los legisladores que tienen serias dificultades con el lenguaje articulado (hablado o escrito) son legión. Pero ¡qué bien gritan! Así es como mejor se expresan. Sus manifestaciones de júbilo cruzan el aire del salón plenario cuando una de las suyas, Marcela Holguín, pasa al frente para ser investida como la nueva primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Para ella es un día glorioso: no solo recibió 90 votos de respaldo para ocupar ese alto cargo (se opusieron el oficialismo y la Izquierda Democrática: 36 en total), sino que celebró la aprobación de uno de sus proyectos favoritos: el de una nueva ley de comunicación de vocación punitiva, directamente inspirada en aquella que perpetró su gobierno para perseguir periodistas y acosar medios. 

Sí, el correísmo lo logró otra vez. Sin embargo, su nueva ley de comunicación (en realidad una reforma a la actual) es un fárrago mal redactado y peor estructurado. Se conoce que no pasó por la Unidad Técnica Legislativa. Y se nota. Así, por ejemplo, el texto reforma artículos que más adelante deroga, creando un problema con la numeración que lo vuelve inmanejable. Hay, solamente por cuestiones de forma, mil motivos para objetarla. En cuanto a su contenido, el propio asambleísta de Pachakutik Ángel Maita, que le puso su firma de responsabilidad y fue el encargado de presentarla en el Pleno, ha descrito hasta el cansancio las intenciones punitivas del texto, su interés por precautelar la honra de las personas por encima de las consideraciones de libertad de expresión o interés público, que él ni siquiera se plantea. No fue una sorpresa que, dos horas después de su aprobación, el gobierno emitiera un comunicado rechazándola y anticipando que, cuando la reciba, "en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia". Es decir que la vetará.

Lo de este jueves en la Asamblea fueron dos sesiones intensas en seis horas ininterrumpidas. En la primera, todo ocurrió como estaba previsto: a la elección de Holguín se sumó la de su aliado, el disidente de Pachakutik Darwin Pereira, como segundo vicepresidente, con 93 votos a favor y 35 en contra; y, con un mayor consenso (117 votos, incluidos los del partido de gobierno), la del socialcristiano Esteban Torres para ocupar la última vocalía en disputa del Consejo de Administración Legislativa. Así las cosas, el nuevo mapa del CAL muestra una correlación de fuerzas contundente. De un total de siete integrantes, dos son correístas propiamente dichos: Holguín y el expandillero Ronny Aleaga; otros dos, disidentes de sus partidos y correístas de facto: Pereira, de Pachakutik, y Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática; uno es correísta por conveniencia: el presidente Virgilio Saquicela; hay un socialcristiano con intereses en común con el correísmo (Torres) y, finalmente, cumpliendo el trabajo más difícil del mundo, una oficialista: Nathalie Arias. Es lo que el correísmo llama “una conformación representativa del conjunto de fuerzas políticas del Pleno”.

Pabel Muñoz, quien postuló la candidatura de Holguín, acusó al oficialismo precisamente de haber falseado esa distribución de fuerzas políticas. Olvidando por un momento que durante años sirvió a un gobierno que hizo del asesinato simbólico de los disidentes un ritual semanal televisado, dijo que el correísmo es el único partido que no tiene enemigos a quienes aniquilar, sino adversarios con quienes debatir. Y se jactó de haber intercedido (sin éxito) para que los socialcristianos (“con quienes no tengo ningún punto de coincidencia”, dijo, olvidando las ganas de embolsarse el CPCCS), tuvieran un representante en el CAL. A este respecto, Nathalie Viteri lo bajó por un tubo: que si con cuarenta y tantos votos no lo logró, le hizo notar, es porque no quiso. Y que no le debe favores.

Marcela Holguín no llegó preparada. Nomás cargaba un apreciable fajo de papeles con un discurso escrito. Un discurso de ocasión, de esos que empiezan a olvidarse ni bien el orador termina de despacharlos. Pulsó la lira la nueva vicepresidenta. Dijo “primero la gente, primero los problemas de la gente, primero las necesidades de la gente, primero todo para y con la gente”. Dijo “la gente quiere vivir bien, pero también quiere vivir en paz, sin miedo, sin violencia”. Dijo “esta vicepresidencia será la vicepresidencia de los trabajadores, de los animalistas, de los sin trabajo, de los que ya no pueden esperar un segundo más sin medicinas, los olvidados, los nadies, como dice Galeano, los descamisados...”. En suma: no dijo nada. Así durante 17 minutos (hay que ver la capacidad de esta señora).

A su lado, Pereira y Torres, que también discursearon, pecaron de lacónicos. Torres (“uuuooouuu, uuuooouuu”, gritó su bancada, cada vez más parecida a la otra) filosofó que hay que saber perder. Pereira reconoció que “el país ya no quiere vernos peleando” y expresó su deseo de que, a partir de este momento, la Asamblea ya no pierda el tiempo (ahora que él es vicepresidente no hace falta) sino que empiece a producir “leyes para el pueblo”.

Así ocurrió. Ni bien posesionadas las nuevas dignidades, el Pleno entró de lleno a tomar resoluciones impostergables: una que declara el 21 de julio como Día de la Mujer Afroecuatoriana, que sin duda sacará de la miseria a miles de familias pobres de esa minoría víctima de la discriminación; y otra para celebrar el 31 de julio el Día Nacional del Administrador Público. ¿Cómo pudo vivir el país sin esa fecha clásica?

Por último, la segunda sesión del día y la aprobación de la nueva ley mordaza. El proyecto que había aprobado la Comisión de Relaciones Internacionales sobre la base de una propuesta del Ejecutivo, (y que contenía ciertos avances democráticos en la materia) fue archivado sin pena ni gloria. Seguía el informe de minoría: una propuesta del correísmo y el ala más recalcitrante de Pachakutik representada aquí por Ángel Maita. Una ley que otorga a la Defensoría del Pueblo una función punitiva sobre los medios, crea la figura de los medios públicos oficiales y, sobre todo, deja la puerta abierta a la criminalización de la opinión. La nueva vicepresidenta, Marcela Holguín, se dio el lujo de mentir que no hacía eso. Como el proyecto nunca fue leído ni debatido en el Pleno, nadie estaba en condición de contradecirle. La nueva ley (uuuooouuu, uuuooouuu) se aprobó con los 73 votos a favor que eran de esperarse.

Dos artículos con trampa

“Esta ley no pretende sanciones penales como pretenden hacer creer algunos medios”, dijo Marcela Holguín a propósito de la nueva ley mordaza. Miente: los artículos 11 y 12 del texto aprobado dejan abierta esa puerta al establecer que habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y los periodistas, “en el ámbito civil o de otra índole”.