Maniobras desestabilizadoras tejidas de varios frentes

La operación se hace desde varias trincheras. La sensación y evidencia de que la Revolución Ciudadana (RC) movió muchos hilos en el intento de ir más allá de la protesta social, que tuvo paralizado al país por 18 días, va creciendo en varios sectores que sostienen que el trasfondo fue derrocar el Gobierno de Guillermo Lasso y que los intentos de desestabilización continuarán en el corto y mediano plazo.

El primer frente fue la movilización misma. Aunque estuvo convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), desde el propio movimiento se denunció que las manifestaciones que desembocaron en violencia fueron permeadas por actores vinculados al correísmo. “Señor (Rafael) Correa, retire a su gente de la movilización indígena”, fue el llamado que hizo el 24 de junio el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi.

Esa presencia se sintió sobre todo en las parroquias rurales de Quito, con dirigentes claramente identificados con la RC con capacidad de movilizar a la militancia y generar cierres de vías, como es el caso de Víctor Pozo en Guayllabamba, o Leonidas Moreno en San Antonio de Pichincha. Ellos lo niegan. Ambas son personas cercanas a la prefecta de la provincia, Paola Pabón.

Juan Manuel Fuertes, exviceministro de Gobierno, le dijo a EXPRESO que si hay algo que no se puede desconocer es la capacidad de manejo estratégico disciplinado que tiene el correísmo en territorio, además de una gran cantidad de recursos que aprovecha adecuadamente. Los frutos de eso se habrían visto reflejados en octubre de 2019 y más ahora, con cierres en puntos claves de acceso a la capital y otras ciudades importantes.

Días antes de la movilización, Pabón reconoció ante este Diario que la Prefectura ha entrado a intervenir en unos 200 barrios del Distrito Metropolitano de Quito y trabaja en la ruralidad en temas de seguridad y combate a la violencia contra las mujeres, pese a que esa es una competencia del Gobierno Nacional. Eso es capitalizado por las juntas parroquiales. Sin embargo, durante el paro la funcionaria negó haber tenido influencia o participación de cualquier tipo. “Ni en octubre de 2019 ni ahora participé de ninguna forma en las protestas. Me he mantenido fuera de cualquier acontecimiento relacionado con la protesta social”, dijo a través de un video.

Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno, considera que parte de la dirigencia indígena se ha dejado manipular por los preceptos y aspiraciones que tiene la Revolución Ciudadana para recuperar el poder. “Fue un nuevo intento de golpe detrás de los ponchos”, comentó Álvarez, en alusión al libro que escribió en 2001.

Fuertes difiere en la idea de la manipulación. Considera que entre el correísmo y algunos dirigentes de la Conaie hay coincidencias en los mecanismo para desestabilizar al Gobierno y simpatías mutuas. “O si no, ¿cómo se entiende que del lado de Leonidas Iza no se haya escuchado nunca una crítica directa al expresidente Correa?”, señaló.

El otro escenario de acción es la Asamblea Nacional. Desde ahí la RC intentó dar el siguiente paso: impulsar la destitución del presidente Lasso, una vez que el relato del caos y la conmoción nacional fue posesionado por los legisladores de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) y replicado por el aparato de comunicación de esta agrupación política.

No lo lograron, pero tampoco estuvieron lejos. Hubo 80 votos de 92 necesarios, aunque muchos de ellos se habrían alcanzado bajo mecanismos de presión de los movilizados, lo que fue denunciado por los propios asambleístas, especialmente de Pachakutik y algunos independientes. Incluso se investiga una presunta intrusión en el sistema de votación que habría alterado al menos cuatro voluntades.

El jueves pasado el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, trató de zanjar el tema asegurando que, más allá de las investigaciones de Fiscalía, está claro que la Asamblea no tuvo nada que ver en eso. Lo dicho fue aplaudido con euforia por el bloque de UNES, sobre el que recaen las sospechas de algunos de los afectados, como Dalton Bacigalupo de Izquierda Democrática (ID).

“Hay varios ámbitos para generar inestabilidad en un país. Uno de ellos tiene que ver con complicaciones de disponer de una mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante sus propuestas, que es lo que sucede. Es obvio que el Gobierno va a enfrentarse a varios escenarios de inestabilidad generados por estos sectores ya identificados”, observó Fuertes.

Desde el correísmo niegan que esa sea o haya sido su intención. La directora nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, le respondió a EXPRESO que su militancia no ha participado en las movilizaciones de junio y que hay una campaña de acusaciones infundadas tendientes a desviar la atención de los problemas que afronta el país.

A Álvarez le gustaría ser optimista en el sentido de que todos esos frentes de desestabilización pueden frenar sus acciones a través de consensos, pero cree que todo podría apuntar a lo contrario, tomando en cuenta que el país está en vísperas de celebrar elecciones de autoridades seccionales, y el correísmo espera superar los dos prefectos, cuarenta concejales y 64 integrantes de juntas parroquiales que actualmente tiene.

A eso se suma la elección de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que aspira acceder un importante número de personajes relacionados con ese proyecto político, según las listas que maneja el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Allí están los exabogados de Correa y Jorge Glas, Alembert Vera y Eduardo Franco Loor, respectivamente. Otro es Jorge Acosta, que ha mostrado coincidencias con la Revolución Ciudadana y defendió al expresidente Lenín Moreno en el caso INA Papers. Busca la reelección Juan Javier Dávalos, entre los conocidos.

Tener una mayoría en ese organismo, que en el papel debería tener una conformación no política, significa el poder nombrar a autoridades de control como el contralor general del Estado, fiscal general del Estado, renovar el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entre otras competencias.

“El correísmo siempre ha tenido claro que debe hacer lo posible por captar los organismos de control y para eso es importante el CPCCS. La Constitución de 2008 fue diseñada para que puedan cooptar el poder. En lo que han podido, no lo han soltado. Y ahora van por recuperar lo que se les escapó”, aseveró Fuertes.