Correísmo dice que ley de comunicación no es su postura, pese a propuesta de Lasso
La presidenta de la Asamblea Viviana Veloz aseguró que la propuesta de Xavier Lasso no es una postura de su movimiento
Pese a que fue uno de sus candidatos electos a la Asamblea el que puso sobre la mesa el tramitar una nueva ley de comunicación, el correísmo dice que no es un posición como organización política ni tampoco de bancada.
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Xavier Lasso, quien es asambleísta electo de Revolución Ciudadana, dijo en una entrevista que él consideraba necesario contar con una ley de comunicación. “Son demasiados los abusos que vivimos. Es muy riesgoso tener unos medios que no están comprometidos con la información, con la verdad”, señaló.
Entonces aseguró que, una vez que llegue a la Asamblea, va a trabajar una ley de comunicación. “Nos decían: la mejor ley es la que no existe. No existe la ley de comunicación y hacen lo que les da la gana”, afirmó el asambleísta electo.
Sobre esto, la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz (correísmo) dijo este 18 de febrero de 2025 que una nueva ley de comunicación no es una posición de bancada ni es una postura como movimiento político.
Veloz anticipó que hoy habrá una primera reunión entre los asambleístas reelectos y los nuevos legisladores de su bancada. Agregó que, antes de asumir sus funciones en la nueva Asamblea, se conocerá su propuesta de agenda legislativa.
“Hasta el momento no tenemos ninguna postura como bancada o movimiento político. Siempre respetamos la libertad de expresión. No toleramos que se utilicen los medios digitales para dañar la reputación ni la vida de las personas”, señaló Veloz.
Sobre la Ley de Comunicación
La Ley de Comunicación se aprobó durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Con ella se implementaron instancias como al Superintendencia de Comunicación (Supercom). Después, en el gobierno de Lenín Moreno, tras su ruptura con el correísmo, inició un proceso para desmontarla.
Finalmente, en el Gobierno de Guillermo Lasso se presentó un paquete de reformas que, tras un veto por inconstitucionalidad, marcó precedentes jurídicos en temas como opinión, responsabilidad ulterior y censura.
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