Sesión virtual Comisión de Fiscalización
La Comisión de Fiscalización sesionó de manera virtual este 26 de diciembre.Cortesía: Asamblea.

El correísmo no logró los votos para archivar el juicio a excanciller de Lasso

La Comisión de Fiscalización se reunió este 26 de diciembre para definir el futuro de la interpelación a Gustavo Manrique

El correísmo no logró los votos para archivar el proceso de juicio político en contra del exministro de Relaciones Exteriores de Guillermo Lasso, Gustavo Manrique. Este 26 de diciembre, los legisladores de esa bancada en la Comisión de Fiscalización señalaron que el tiempo para poder enjuiciarlo había terminado.

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La Comisión de la Niñez de la Asamblea reunida este 26 de diciembre del 2024.

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La sesión se instaló de forma virtual pese a que, originalmente, se convocó de manera presencial. Una de las asesoras de la Comisión leyó el informe en el que se detallaba el cumplimiento de los requisitos para que el pedido sea calificado.

Pero fue el legislador Lenín Barreto (RC) quien planteó una moción para que se archive. Argumentó que la Ley establece la posibilidad de enjuiciar a un ministro en funciones o a una persona que lo fue pero hasta un año después de que dejó el cargo.

Sin embargo, esa moción de archivo no pasó. Fueron necesarias dos votaciones ya que la primera fue reconsiderada. Al final, con cuatro votos a favor y cinco en contra, lo planteado por Barreto no logró el mínimo requerido. 

Barreto insistió en que, como asambleístas debían respetar la ley. Añadió que no se podía usar la normativa con base en conveniencias políticas. En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Comisión Pamela Aguirre e insistió en que la Ley no permite el juicio.

Manrique fue reemplazado en el cargo el 23 de noviembre del 2023 cuando Daniel Noboa asumió la Presidencia. Es decir, el pasado 24 de noviembre del 2024 se cumplió el año fuera del cargo.

¿Por qué solicitaron juicio en contra de Manrique?

La solicitud fue presentada por la asambleísta Jadira Bayas en junio pasado. Acusó al exfuncionario de incumplimiento de funciones en lo relacionado con el canje de deuda por la conservación de las Islas Galápagos.

Entre sus argumentos está que ese acuerdo genera un perjuicio al Estado ya que deben pagare cerca de $18 millones por concepto de intereses. Además señaló que no hay garantía de que los fondos recaudados se vayan a utilizar solamente en las Islas.

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