El correismo uso recursos de diez entidades para publicitar el 30S
La Contraloría publicó el informe final. Se usaron fondos hasta del Servicio de Rentas Internas.
El mensaje correísta debía calar como sea. La Contraloría General del Estado determinó, en su último examen, que el gobierno del expresidente Rafael Correa utilizó recursos públicos para posicionar la idea de golpe de Estado policial, durante el 30 de septiembre de 2010.
La revuelta policial tuvo un tinte político, según los hallazgos del ente de control. El gobierno anterior no dudó en usar dinero público de diez entidades para afirmar que no fue un reclamo de un grupo de la Policía Nacional sino un intento de derrocar a Correa.
En julio, la Contraloría aprobó el informe No. DNA1-0071-2019 sobre la utilización de “fondos públicos para los festejos y gastos, adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010”. La acción determinó que se usaron cerca de 1,6 millones de dólares de forma irregular. Las entidades gastaron en campañas ajenas a su labor.
La Presidencia de la República, los Ministerios de Política, Derechos Humanos y Cultos, Cultura, Coordinador de Seguridad, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía General del Estado, Secretaría General de Gestión de Riesgos, Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría de Inteligencia aportaron con dinero de todos los ecuatorianos para promocionar el lema “El día que triunfó la democracia”.
El examen se hizo desde 2011 hasta 2016.
Uno de los casos más escándalosos del manejo irregular es el de la Secretaría de Inteligencia. Esta contrató, según la Contraloría, “un Plan de Comunicación para poner en conocimiento de la ciudadanía los resultados de la investigación de la Comisión” que revisó el 30 de septiembre. Es decir, la Secretaría usó recursos, personal y tiempo para promocionar a un ente que le dio la razón al ahora prófugo exmandatario.
Los contratos, insiste la Contraloría, “se desarrollaron con el objetivo de fortalecer la identidad de la Comisión 30-S, a través de la impresión de folletos, libros, realizar sondeos de opinión ocasionando pagos sin sustento legal por 98.170 dólares.
