Los correístas se enchufan a la Prefectura de Pichincha

En la Prefectura de Pichincha, los correístas que se quedaron sin trabajo en el Estado se han ido colocando en altos cargos. Unos figuran en la nómina, como los exasambleístas Franklin Samaniego, Gina Godoy o Pedro de la Cruz o la exjueza constitucional Tatiana Ordeñana, quien eligió al expresidente Rafael Correa para que oficie su boda.

Hay otras figuras del correísmo que no aparecen en la lista de personal, sino vinculadas mediante la figura de servicios profesionales.

María de los Ángeles Hernández es hermana del parlamentario Virgilio Hernández y es quien solicitó, en la Asamblea, la amnistía para la prefecta Paola Pabón y su hermano, ambos llamados a juicios por rebelión por las protestas de octubre de 2019. Su petición la hizo como “coordinadora del Comité de Víctimas Marco Otto”, pero resulta que también ha sido asesora externa de Pabón.

En 2020 la prefecta solicitó su contratación. Según el acuerdo 008-DGATH-LOSEP-2020, su trabajo era realizar una “asesoría especializada en seguimiento del contexto nacional, régimen de competencias, autonomía y descentralización”. Esas funciones duraron del 3 de febrero al 31 de agosto de 2020 y facturó cada mes $ 3.360. Es decir, $ 23.520 por todos esos meses.

En la Contraloría consta su declaración juramentada en la que se detalla que después del contrato siguió vinculada al gobierno de Pichincha hasta diciembre de 2020.

Su contratación no es un hecho excepcional. El último informe presupuestario de la Prefectura indica que en 2021 Pabón gastó más de $ 5 millones en salarios de personal por contrato y por honorarios (externos). Este Diario ha buscado una entrevista con ella desde febrero, pero la funcionaria no la ha concedido.

Vanessa Freire, actual asambleísta que se separó del correísmo en julio de 2021, prestó sus servicios profesionales en 2020. Su labor fue realizar un estudio para la “implementación y desarrollo del modelo de gestión por procesos para las diferentes direcciones del Gobierno Autónomo de Pichincha”. Su salario mensual fue de $ 2.400, al año $ 29.568. Tras unos meses terminó el contrato por mutuo acuerdo.

Otro profesional y figura del correísmo es Mauro Andino Alarcón, exdirector de la Aduana y vinculado del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Es investigado por la Fiscalía por contratos presuntamente simulados con Podemos, partido de izquierda en España.

Andino recibió $ 11.760 por tres meses de trabajo en 2019. Su labor era brindar servicios para la estructuración de la plataforma logística Puerto Seco de Pichincha, un centro para productos que fue una propuesta de campaña de Pabón y cuya realización no se ha concretado hasta ahora.

César Augusto Bedón Salazar, del colectivo Abogados por la Democracia, quien en 2019 solicitaba el sobreseimiento de Correa en uno de sus juicios, es otro empleado por contrato. Obtuvo $ 36.960 por “establecer mediante la capacitación continua, el mejoramiento y potenciación de las capacidades de los servidores públicos”.

En febrero, la Contraloría informó que estos contratos, así como toda la gestión de Talento Humano de la Prefectura, serán auditados este año.

Pero ya en 2020, la misma entidad encontró irregularidades en la incorporación de 24 asesores ejecutivos para la Prefectura, Viceprefectura y la Secretaría del Consejo.

La Contraloría dice que los profesionales ingresaron sin que se hayan calificado sus requisitos y competencias, y “sin una clara descripción de las actividades que debían realizar”.

Tampoco presentaron sus informes trimestrales de labores. Cinco personas tenían impedimentos legales para ejercer cargos públicos y se nombró a dos asesores titulados en Psicología y Ciencias de la Educación, formaciones “no relacionadas a las funciones de la Viceprefectura y Secretaría del Consejo”. Pabón nombró para ella ocho asesores, cuando lo máximo permitido por ley era cuatro. Pese a todo esto, la Prefectura les pagó, en promedio, sueldos de $ 2.405 al mes.