La corrupción en pandemia, todavía en terapia intensiva

Buchipluma. Tras el primer trimestre de  2020, el país se vio abrumado por una ola de casos de corrupción que, en paralelo a los contagios y fallecimientos generados por la COVID-19; causaron un gran impacto social. Ante las denuncias que alcanzaban a autoridades y exfuncionarios de alto nivel, se desplegaron una serie de acciones que buscaban combatir justamente ese mal, particularmente en la ciudad de Guayaquil que, entonces, estaba en el    ojo de la tormenta. ¿Qué ha pasado con esos casos? ¿En qué estado se encuentran?

Hasta este martes 22 de junio de 2021, la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, creada por la Fiscalía General del Estado (FGE), para conocer exclusivamente los casos de corrupción que se generaron a raíz de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, registró 170 casos en investigación, a nivel nacional, según fuentes de la entidad consultadas por este Diario, que aseguraron están actualizando los datos para un reporte más detallado.

La cifra ha ido variando, señala la fuente, porque se han incorporado en los últimos meses una serie de informes con indicios de responsabilidad penal, enviados por la Contraloría General del Estado y que tienen relación con el tema y la temporalidad del estado de excepción, que decretó el anterior gobierno; muchos de los cuales han llegado desde enero.

Fue el 3 de junio de 2020, que la Fuerza de Tarea se inauguró con un operativo desplegado simultáneamente en Quito y Guayaquil. Tras varios allanamientos, fue detenido el exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por un presunto delito de tráfico de influencias que involucró a familiares cercanos y exfuncionarios de la Prefectura.

Un caso que bajó de tono luego de la repentina muerte de la exautoridad provincial y la decisión del presidente de la Corte del Guayas, Alfonso Ordeñana, quien desvinculó de la causa a cinco procesados; entre ellos, a familiares de Morales; además del sobreseimiento a los últimos cinco procesados. Esta ultima resolución fue revocada por una Sala Penal, que los llamó a juicio.

Ese 3 de junio, también fue detenido el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, en un allanamiento a su domicilio dentro de las investigaciones por presunto peculado en compras de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Pero no fue por esa investigación que el exmandatario enfrentó cargos. Un arma de fuego que, según justificó, recibió como regalo durante su administración presidencial, lo llevaron a ser procesado por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Un caso que actualmente está en Tribunal Penal a la espera del inicio del juzgamiento.

A ese proceso se suman otros dos: tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. En el primero fue procesado junto con su hijo Jacobo, a quien la Fiscalía se abstuvo de acusar al culminar las investigaciones. Se espera la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que se definirá si Abdalá enfrentará o no otro juzgamiento. En el proceso de delincuencia organizada, que también lo enfrentó con su primogénito y otras personas, en Quito, fue absuelto tras la reciente anulación del proceso.

La trama de corrupción hospitalaria sacó a la luz otros casos que, antes del 3 de junio ya eran investigados y que generaron la detención de Daniel Salcedo Bonilla, un joven empresario, principal implicado en la irregular adquisición de fundas para cadáveres en el hospital Los Ceibos del IESS. Junto con    otros exfuncionarios de la casa de salud está siendo juzgado por el delito de peculado.

Tras las rejas, Salcedo enfrenta una sentencia de 4 años de cárcel, por el delito de fraude procesal. Sanción que también alcanzó al piloto Franklin Lara y a la modelo Joselyn Mieles, con quien sufrió un accidente aviatorio en Perú, luego de una orden de detención por el caso de las fundas para cadáveres. En la causa no se ha resuelto un recurso de apelación.

Además de esa sentencia, Salcedo encara un juicio por el delito de lavado de activos junto con su hermano Noé Salcedo y otras tres personas y seis empresas vinculadas. La investigación partió el 9 de junio de 2020, en Huaquillas, fronteriza con Perú; tras la detención de Noé, a quien le incautaron 47.000 dólares que no pudo justificar su procedencia. Además, de una credencial que tenía el nombre de Daniel, pero llevaba la foto de Abraham Muñoz, exentrenador personal de su hermano, quien también hace frente a un juicio por el delito de delincuencia organizada, junto con exfuncionarios del hospital Guasmo Sur, por la venta de medicina donada en los días más críticos que vivió Guayaquil, en pandemia.

A ese juicio se suma otro por delincuencia organizada, que involucra también a su hermano Noé, a Jacobo Bucaram Pulley, al expresidente del directorio del IESS, Paúl Granda, y a otros exfuncionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo.