Corte Constitucional y Asamblea evaluarán el ‘Museo de la Memoria’

El actual Museo de la Memoria no cumple su cometido, consideran en la Mesa Nacional de Víctimas de delitos de lesa humanidad. La exposición no alcanza para que “las generaciones más jóvenes conozcan lo que ha sido el país”, dice Elizabeth Muñoz, representante de la Mesa.

Ella y otros activistas pidieron a la Asamblea Nacional que fiscalizara el Museo que está a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP). Desde el pasado 7 de marzo, se abrió la exposición en el subsuelo de esa Cartera de Estado, al norte de Quito.

“Además de los parámetros internacionales que deberían cumplirse para que se considere un museo, faltó la participación de las víctimas como accionantes y no se ubicó en el sitio definido en varias consultorías”, sostuvo Muñoz frente a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea.

“Ayer (28 de mayo de 2024) fue notificada la Ministra de Cultura (Romina Muñoz) sobre el proceso de fiscalización que aceptó la Presidenta de la Comisión, Paola Cabezas”, señala la representante de las víctimas. Las comparecencias en la Asamblea estarían por definirse, luego de que se remita la información sobre el Museo al Legislativo.

El 15 de febrero de 2023, la Corte Constitucional emitió una sentencia y dispuso que se instale el Museo en el plazo de un año. Hace una década, la ‘Ley para la reparación de víctimas y judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad’ ocurridos en el Ecuador entre 1983 y 2008 había dispuesto su creación.

La Corte también conformará una “comisión pluripersonal” (conformada por tres jueces o sus delegados y la Secretaría Técnica Jurisdiccional) para visitar la exposición, tras un pedido de la Mesa de víctimas realizado a inicios de marzo.

“El MCyP ha presentado informes trimestrales a la Corte, eso es una parte de la sentencia”, explica Elizabeth Muñoz. “Está por analizarse si cumplieron la parte más contundente: la creación y vigencia del Museo”.

Para varios familiares de víctimas consultados, lo que la Subsecretaría de Memoria Social del MCyP presenta en esos informes como “proceso participativo” al haber convocado a otras entidades públicas, en realidad es “gestión interinstitucional; no con la sociedad ni con la Mesa”.

Inversión con resultados inutilizados

La Ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, se pronunció en la red social X (antes Twitter) tras un mes de inaugurado el Museo de la Memoria. “Su apertura es fundamental para alentar procesos educativos y mejorar con ello su despliegue”, publicó el lunes 8 de abril de 2024. “Un museo se construye y se trabaja”.

En un reportaje publicado por EXPRESO, se conoció que el nuevo presupuesto para ampliación del Museo es de $ 18.840 (mediación y ambientación adicional). María Carla Freile, subsecretaria de Memoria Social, gestionó el montaje del Museo en el MCyP. Desde enero, administró un presupuesto que alcanza los 26.415 dólares (a los $25.940 del montaje se sumaron $185 en suministros de oficina y $290 para materiales de construcción). Sin contar los 16 muebles valorados en unos $ 1.500 que también usaron en la muestra.

El año pasado, debido a la sentencia de la Corte, “el pago de funcionarios refleja un valor de $ 23.010”, indicó Freile. Como antecedente, esta funcionaria añade la cifra del contrato para la elaboración de contenidos museológicos y museográficos, una consultoría que se hizo en 2018 por $ 30 mil, sin IVA.

En esa investigación intervino el sociólogo y docente Hernán Reyes, quien afirma que no se siguieron los guiones al montar la muestra donde está, en la Sala de Exposiciones Juan Villafuerte. “La instalación de esa sala es una vergüenza”, coincide con él Elizabeth Muñoz. “El consultor ha hecho un estudio comparativo, ahí saltan a la vista las diferencias entre la consultoría y esta pobre muestra”.

Una de esas diferencias es que las dos salas ubicadas en el ala norte del Regimiento, observados por el equipo de Reyes, miden 1.060 metros cuadrados. Mientras que el área de Museo actual apenas sobrepasa los 295 metros cuadrados.

“La institución responsable de este gasto de dinero público no ha usado los resultados de la consultoría”, dice categórica la representante de las víctimas. En 2020, el Museo Nacional del Ecuador (MuNa) contrató “una exposición itinerante en espacio público que sirvió de preámbulo para la construcción del Museo de la Memoria” por otros $ 30 mil.

Los familiares que conforman la Mesa han cuestionado incluso las redes sociales del Museo de la Memoria. “En Instagram, invitan a leer el libro 'Viernes Negro: antes y después de Taura', de Blasco Peñaherrera Padilla (Vicepresidente entre 1984 y 1988). ¿Cómo podemos hablar de un Museo que reivindique a las víctimas cuando están reivindicando a los perpetradores?”, dijo Tamara Moncada en el programa radial Humanizándonos del lunes pasado.

El Museo de la Memoria - Virtual

La suma, entre consultorías, preámbulo y montaje del Museo de la Memoria alcanza los 114.738 dólares. Además, tiene una versión virtual a la que puede accederse en la dirección web https://memorias.culturaypatrimonio.gob.ec/.

De este sitio, que también se trabajó con base en el Informe de la Comisión de la Verdad, la exposición tomó las entrevistas sobre los Casos: Susana Cajas, Consuelo Benavides, Diego Delgado, Hermanos Restrepo Arizmendi y Gustavo Garzón que se exhiben en el subsuelo del MCyP.

El contrato civil para el Museo Virtual de la Memoria es de $17.650, incluido el IVA, según Freile.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO