La Corte Constitucional: último baluarte de justicia en Ecuador

Cuando había perdido toda esperanza de que el Estado ecuatoriano cumpla con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el atentado que sufrí en febrero de 2000, decidí que 15 años de incumplimiento era demasiado y que era hora de jugarme la carta final; esa de la que no hay regreso.

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Esa que si falla en contra, ya no hay más opciones. Consciente de este riesgo solicité a mi abogada que presente en la Corte Constitucional una acción por incumplimiento del Estado. 

Es que después de ver que tres gobiernos no quisieron cumplir, que tres presidentes de la República me mintieron, que tres procuradores me engañaron, que cuatro fiscales generales evadieron su responsabilidad, que alrededor de ocho ministros y ministras (exceptuando Bernarda Ordóñez) pusieron más de trescientas trabas burocráticas para no cumplir, ya no me quedaban muchas alternativas. Confieso que con nerviosismo presentamos el recurso ante la Corte. Esto fue en febrero de 2021.

Mientras transcurría el tiempo empecé a observar el accionar de los magistrados y leer sus sentencias. Pude apreciar la honestidad intelectual en todas ellas. No estaba de acuerdo con algunas de sus conclusiones, pero se notaba claramente que los argumentos de los jueces estaban repletos de conceptos jurídicos válidos.

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Su misión era clara: que todos los actos del Estado ecuatoriano se encuentren enmarcados dentro del articulado de la Constitución. Si un acto no lo está, aunque nos moleste o no sea ‘justo’, será sentenciado como inconstitucional, violatorio de derechos constitucionales, o que incumple con normas que son de cumplimiento obligatorio porque así lo ha dispuesto la Corte.

Los magistrados de la Corte Constitucional han tenido y tienen en sus manos el futuro de la seguridad jurídica del Ecuador. De ellos dependió la decisión de autorizar el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que desencadenó la crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Al presidente no le gustó, pero la propuesta de juicio cumplió con los requisitos constitucionales y los jueces no pueden analizar el trasfondo político, por lo que debieron enmarcarse estrictamente en lo constitucional.

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Los mismos magistrados resolvieron luego, a favor de la denominada ‘muerte cruzada’. Esta vez le dieron la razón al presidente en contra de la voluntad de la Asamblea Nacional. Ahora comprendo por qué han rechazado los decretos urgentes que envía el presidente.

He leído algunas de esas piezas jurídicas y los ponentes han demostrado que han hecho su trabajo responsablemente, más allá del resultado favorable o contrario e incluso más allá de sus ideologías. Los decretos simplemente no cumplen con los requisitos constitucionales.

Con esos antecedentes dejé la esperanza y empecé a tener optimismo en que mi acción podría tener éxito, como finalmente la tuvo. Hoy el Estado ya no puede evadir su responsabilidad frente a informes de fondo de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Se ha sentado un extraordinario precedente.

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Ahora la Corte tiene en sus manos una decisión que puede determinar si seguimos viviendo en democracia plena o si le entregamos la justicia y órganos de control a uno o dos grupos políticos para que protejan a sus amigos corruptos y persigan a quienes consideren sus enemigos.

La Corte debe decidir si el Consejo de Participación Ciudadana se ha excedido en sus atribuciones constitucionales al pretender conformar una veeduría para evaluar la gestión del CPCCS transitorio en la designación de la Corte Constitucional.

Si concluye que el CPCCS se excedió y atropelló una resolución constitucional que impide que las decisiones adoptadas por los anteriores miembros del CPCCS puedan ser revisadas, deberá aplicar todo el peso de la norma constitucional y sancionar a los vocales del CPCCS que impulsaron este despropósito, de la misma forma que impulsan un cuestionado concurso para designar al nuevo contralor general del Estado.

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Cualquiera que sea la decisión, deberemos respetarla. Si la Corte los detiene ahora y los destituye será porque esos vocales, efectivamente, han violado la Constitución. Si deja pasar el comportamiento del CPCCS será porque no hallaron una violación constitucional, entonces les tocará esperar su turno en el atropellamiento programado mientras nosotros seremos testigos del último baluarte de la justicia en Ecuador.

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