La Corte Constitucional define el futuro de la Ley Antipillos este 23 de enero
La Corte resolverá sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea en contra del Decreto Ley
El futuro de la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos o 'Ley Antipillos' se definirá este 23 de enero de 2025 en la Corte Constitucional. El Pleno de ese organismo tratará el tema en una larga jornada en la que también se incluyó la acción de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 500.
La Corte prevé tratar el tema como parte del cuarto punto del orden del día en el que se incluye la aprobación de proyectos de resoluciones jurisdiccionales. El caso tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional.
¿Qué pasó con la Ley?
La Ley Antipillos fue archivada por el Legislativo el pasado 27 de noviembre de 2024. Esa normativa fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico-urgente; es decir, había 30 días para que la Asamblea la tramite.
Sin embargo, ese proceso terminó en el primer debate cuando el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel mocionó su archivo y hubo los votos necesarios para hacerlo. El argumento fue que era una ley recaudatoria y no cumplía el propósito en el el combate al lavado de activos.
El principal cuestionamiento de la oposición en la Asamblea fue el impuesto a la compraventa de vehículos usado. La normativa tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico incluía una tabla progresiva para el cobro de ese impuesto.
Por su lado, el oficialismo argumentó que el impuesto ya existía y, con la tabla, el pago se reducía para la mayoría porque incluía a loos automotores de hasta USD 20.000. Del otro lado, la oposición señaló que se trataba de un nuevo impuesto y no lo apoyaría.
El Ejecutivo respondió con que no era posible archivar un proyecto económico urgente en primer debate. Su planteamiento fue la Constitución establece el tratamiento en dos debates. Sin embargo, la Asamblea respondió que sí era posible el archivo en la primera discusión y se basó en la Ley de l Función Legislativa.
Finalmente, el Ejecutivo esperó a que se cumpla el plazo de 30 días y envió la normativa para ser publicada como Decreto Ley. Esto después de que la Asamblea también envió al Registro Oficial su decisión respecto al archivo.
Impuesto suspendido
En la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea se solicitó la suspensión de a aplicación de la ley en lo relacionado con el cobro del impuesto mientras la Corte se pronunciaba. Ese organismo dio paso a ese pedido porque lo que la normativa se encuentra suspendida.
Pero hay otro pedido en la acción. “En caso de que la norma impugnada sea reformada o sea derogada sustituyéndola por otro u otros de similar contenido, solicito que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de las normas conexas”, se lee en la acción presentada por el Legislativo.
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