La Corte Constitucional se hace esperar con el fallo sobre Participación
Constitucionalistas no tienen uniformidad de criterios sobre esa actuación. Algunos creen que hay demora y otros opinan que se cumplen los procesos
¿Demora o cumplimiento de procesos? Analistas consultados por EXPRESO no tienen un criterio uniforme sobre el tiempo que le debe tomar a la Corte Constitucional emitir un fallo sobre el cumplimiento del dictamen que blinda las actuaciones del Consejo Transitorio.
Ese organismo empezó la deliberación de una resolución el viernes pasado. Antes, el lunes 25 de septiembre, el pleno escuchó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con su presidente Alembert Vera a la cabeza, sus descargos. También oyó a la fiscal general Diana Salazar, quien pidió la destitución de los que incumplieron.
Para constitucionalistas como José Chalco, la aparente ‘demora’ en el anuncio de la resolución de la Corte en el caso “al menos muestra una forma de proceder no conforme a la realidad del Ecuador, no conforme a las urgencias que son institucionalizar, respetar la Constitución y es un proceder dudoso porque no es el que conozco desde el derecho constitucional”, dice. (TAMBIÉN PUEDE LEER: "Consejeros de Participación se defienden en audiencia en la Corte Constitucional")
Chalco explica que no se puede olvidar que no solo se mira el incumplimiento a través del inicio de la etapa de verificación que la Corte realiza. Indica que el Consejo de Participación, a través de su pleno, tomó decisiones, realizó actos jurídicos administrativos orientados a revisar la designación de la fiscal, sus calificaciones académicas para el cargo, se llamó a audiencias públicas, se abrieron expedientes...
El hecho que tengamos una decisión de la Corte de Manabí que revoca la veeduría no significa que el incumplimiento haya perdido vigencia, no nubla que el CPCCS incumplió.
Esos, precisa, son actos administrativos que “claramente muestran una voluntad manifiesta de incumplir el dictamen 219 de la Corte Constitucional”.
El exjuez constitucional Mauro Terán va por la misma vía. Afirma que no se justifica la indecisión de la Corte cuando todo está muy claro. “La Corte debe pronunciarse ya, porque sería desastroso para nuestra justicia constitucional que se esté ensayando algún cálculo político. Esta Corte es lo que nos queda de probidad, si esta se pierde no habrá institucionalidad alguna”, resalta.
El jurista y expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha Ramiro García opinó diferente porque considera que la Corte Constitucional tiene que deliberar. Recordó que recién el lunes de la semana pasada comparecieron los consejeros y tuvieron 72 horas para remitir la documentación necesaria y eso venció el jueves pasado.
Significa que recién desde el viernes inició la deliberación del caso que calcula tomará algunos días. “Esto nos demuestra que no juega bajo agendas políticas porque mucha gente quería que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes por el tema de Contraloría”, manifiesta.
La Corte toma una decisión en función de lo que establece la ley y el reglamento. Eso me parece coherente siendo además que ellos están directamente involucrados.
En el mismo sentido, la constitucionalista Ximena Ron cree que se trata de un proceso que tiene que seguir su cauce normal en función de lo que establece el reglamento de procesos de la Corte y la Ley de Control Constitucional.
“No es que la Corte Constitucional pueda saltarse ese procedimiento para resolver de forma emergente, tendría que justificar que haya una razón válida y una vulneración de derechos grave como para poder saltarse ese procedimiento”. Pero reconoce que lo que la ciudadanía espera es que la Corte resuelva de forma rápida, sancione y destituya rápido para que siente precedentes.
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