Corte Constitucional: la falta de un pronunciamiento inquieta
La conformación de la veeduría no se detiene. La destitución de funcionarios es una alternativa. Juristas, divididos sobre la celeridad en este caso
Analizando a profundidad o bajándole el tono. Aunque el proceso de conformación de la veeduría ciudadana para evaluar ciertas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que fue liderado por Julio César Trujillo (+) no se ha detenido, la Corte Constitucional (CC) no se ha pronunciado aún sobre sanciones a quienes omitieron un dictamen de 2019 que señala que eso no es posible.
Ayer concluyó la fase de inscripción para ser parte de esta veeduría. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hubo hermetismo sobre los detalles de cómo se desarrolló el proceso que inició el 4 de septiembre pasado. Incluso, el tuit con el llamado a registrarse ayer ya no era posible visibilizar.
Esto ha generado inquietud en ciertos sectores que perciben que se puede estar intentando bajar los ‘decibeles’ de lado y lado y alargando una decisión ante este nuevo intento de meterle la mano a las resoluciones adoptadas por el Consejo transitorio que quedaron blindadas por decisión de la propia Corte Constitucional.
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El abogado constitucionalista Ismael Quintana considera que sería preocupante que haya una dilación en la toma de una decisión de los jueces constitucionales, más allá del tiempo prudente que les puede tomar evaluar el cumplimiento del dictamen de 2019.
Esta Corte ha sido impredecible. Se toma sus tiempos y no solo en estos casos. También, en los decretos urgentes.
“La Corte debería tomar la decisión de destituir, al menos, a Alembert Vera (presidente del CPCCS) por el incumplimiento del dictamen interpretativo (...) y al juez Leiver Quimis (de Montecristi) también, porque sin su sentencia no habría habido el pretexto para conformar esa veeduría. La Corte debe obrar con mayor celeridad en este tipo de casos”, dijo el especialista.
EXPRESO pudo conocer extraoficialmente que el análisis y elaboración de un borrador de pronunciamiento avanza en la CC. También, que habría dos corrientes al interior del organismo entre los jueces que piden ser drásticos ante el intento de vulnerar la sentencia constitucional y aquellos que consideran que se puede resolver con una advertencia a los implicados.
El abogado constitucionalista Juan Fernando Guerrero dijo que esta última podría ser la alternativa; una suerte de exhorto o advertencia en un primer momento, que se puede convertir en destitución en caso de reincidencia.
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“Creo que la Corte ha sido prudente ante este tema que es importante. Se encuentra en una fase de análisis, previo a tomar una decisión y me parece lo correcto por una sencilla razón: pudo haber emitido una contestación inmediata, pero seguramente le hubiesen achacado que se trató de una respuesta política por sentirse aludidos y no una respuesta jurídica”, dijo Guerrero.
Si se determina incumplimiento se puede sancionar desde con sanción económica hasta con la destitución.
En la misma línea se ubicó la constitucionalista Ximena Ron, que señaló que en esta fase de verificación de cumplimiento de la sentencia el organismo puede seguir pidiendo información, convocar a las partes, incluso podría haber audiencias antes de tomar una resolución definitiva.
“Sin duda, se pronunciará cuando haya completado esta fase que no es tan rápida. Pedirle este tipo de celeridad sería inadecuado primero porque iría en contra de la norma. Hay que seguir un debido proceso. Además, que al ser un tema que le compete a la propia Corte Constitucional no sería extraño que se tome su tiempo para que otras partes no se sientan perjudicadas”, agregó Ximena Ron.
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