La Corte Constitucional maneja los tiempos políticos

Para unos, la decisión de la Corte Constitucional (CC) de pararle en seco al gobierno de Daniel Noboa y recordarle minutos antes de que comiencen las manifestaciones que el estado de “conflicto armado interno” es inconstitucional, es una actitud política de ese alto tribunal que solo beneficia al caos y a los agentes políticos que quieren sumir al Ecuador en el desorden total. 

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Para otros, en cambio, fue un acto legítimo que sirvió para que el gobierno con sus aires autoritarios no reprima a placer durante estas protestas que, entre otros auspiciantes, tiene a los correístas. Pero fue precisamente ese gesto de salir a hacer puntualizaciones en un momento tremendamente neurálgico lo que le da el tinte político a la decisión de la Corte.

Así actuó políticamente la Corte Constitucional

Las señales de que el organismo actuó más políticamente que técnicamente está en el hecho de lo que hizo, el jueves 21: esperó a un timming sensible políticamente para anunciar el fallo. 

Es más, hay cosas que llaman la atención: el fallo había sido subido a la página de la CC el 14 noviembre, pero lo hacen público, es decir lo anuncian, el jueves 21 noviembre, horas más tarde de que hablara la ministra Mónica Palencia. Ya lo tenían listo.

La decisión se produjo horas antes del inicio de las protestas, anunciadas por distintos sectores sociales. La víspera, la ministra del Interior, Mónica Palencia, apareció en un video en el que recordó que hay un estado de excepción vigente y advirtió que este limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. 

El anuncio de la Corte fue un chasco para el gobierno porque los magistrados declararon la constitucionalidad del estado de excepción específicamente por la causal de grave conmoción interna, pero recordaron la inconstitucionalidad del “conflicto armado interno”, causal en la que el gobierno lleva insistiendo varios meses sin suerte. 

Lo curioso de esto es que el gobierno ha actuado durante meses como si la declaratoria de “conflicto armado interno” fuera constitucional cuando en realidad no lo es. La Corte, además, dio paso a la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de correspondencia y a la inviolabilidad de domicilio (solo para la conducción de allanamientos), así como de la suspensión focalizada del derecho a la libertad de tránsito en los 19 cantones y una parroquia especificados. Es decir, que quedarían vigentes los toques de queda en esos lugares.

Las inconstitucionalidades, según la CC

Sin embargo, la Corte también declaró que son inconstitucionales las siguientes medidas que fueron, precisamente, las invocadas por la ministra Palencia. Uno, la suspensión del derecho a la libertad de reunión con el fin de “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana e integral, así como al orden constituido”; dos, la orden de que se realicen requisiciones de “armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de origen ilícito y sin permiso de porte o tenencia, y, tres, la disposición de que se movilicen e intervengan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el fin de combatir a los grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el presidente Daniel Noboa, los dos conflictos armados no internacionales (CANI) que tendrían lugar en la actualidad involucran a grupos del crimen organizado como posibles partes de los conflictos. 

Además, los CANI serían de alta intensidad en cuanto el presidente alega un supuesto control territorial por parte de los grupos criminales.

La Corte reconoció que esta es la primera ocasión en que, en el marco de un decreto de estado de excepción, el presidente de la República ha presentado un informe que cuenta con un análisis claro e individualizado en cuanto a la posible organización de cada grupo que estaría participando en los posibles CANI. Por ejemplo, se señala que tanto Los Lobos como Los Choneros son grupos armados organizados. Esto permite, por primera vez, que la CC pueda verificar si se configuran los supuestos de la causal de conflicto armado interno con base en características concretas de cada grupo armado que sería parte de los conflictos.

La CC señaló que todo lo expuesto por el presidente Noboa denota la volatilidad de los grupos criminales y la amplia independencia entre las facciones de cada grupo. Por las características expuestas de la estructura de los grupos criminales, si bien es posible, es poco verosímil que un grupo de este tipo pueda sostener operaciones militares en el tiempo. Si bien no es imposible, sí es inverosímil que grupos del crimen organizado tengan capacidad de relacionarse con la implementación de las obligaciones del derecho internacional humanitario.

Pero aparte de los aspectos conceptuales que pudo haber tenido la sentencia de la Corte Constitucional, queda en claro algunas cosas. Una tiene que ver con el manejo de los tiempos: evidentemente los magistrados hicieron uso político de su manejo del tiempo cuando muchos constitucionalistas y analistas sostienen que el organismo debería actuar técnicamente. Lo otro, es que, como se ve en el contenido de la sentencia, la CC hace cada vez más difícil la aprobación del llamado conflicto armado interno buscando nuevos estándares para hacerlos.

Es decir, Noboa debería dar por cerrado sus intentos por conseguir de la CC escenarios para combatir la violencia y el caos.  

¿Qué puede hacer ahora?

Lo dijo el constitucionalista José Chalco en una entrevista: para eso se aprobó en la consulta popular en abril de 2024 una pregunta que le podría servir para la próxima: que las Fuerzas Armadas le den un apoyo, por hasta 180 días, complementario a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.

Así que para la próxima, Noboa podría echar mano de algo que él mismo preguntó y listo el pollo.

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