La Corte Constitucional seguirá el cumplimiento de los dictámenes por los estados de excepción en las cárceles
El Foro de Abogados Penalistas Litigantes pidió a ese organismo la verificación de los dictámenes expedidos
El Foro de Abogados Penalistas Litigantes pidió a la Corte Constitucional la verificación de los dictámenes expedidos sobre los estados de excepción en el sistema carcelario.
Stalin Raza señaló que la Corte estableció obligaciones para el presidente, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ministro de Gobierno, que no se han cumplido.
Cita políticas de largo plazo para lidiar con los problemas que generan la crisis. Entre ellos falta de infraestructura, corrupción, hacinamiento y falta de servicios básicos.
Insiste en que no se hizo nada hasta agosto de 2020 en que se produjeron enfrentamientos en las cárceles con muertos y que tampoco se hizo nada hasta los amotinamientos violentos del 23 de febrero que terminaron con las vidas de 81 reos.
Raza agregó que si se determina el incumplimiento significaría que es el Estado el responsable por las muertes y malas condiciones en las que se encuentran los presos y de las reparaciones que haya lugar.
Sabemos que los dictámenes no han sido cumplidos por las instituciones.
Pero, la Corte Constitucional ya resolvió el miércoles disponer que, en fase de seguimiento, se acumulen los dictámenes de estado de excepción e iniciar seguimientos.
Declaró el cumplimiento integral de la orden de remisión del informe de finalización del estado de excepción y dispuso al presidente Lenín Moreno que, a través de la secretaria jurídica Johana Pesántez convoque al Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Deberá instalarse en sesión permanente de inmediato para que, con base en el Plan de Acción propuesto por el SNAI y amplia participación adopte decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros.
También que diseñe una propuesta de política pública integral financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema con la participación de instituciones estatales y sociedad civil.
Deberá coordinarse con los ministerios rectores en finanzas públicas y trabajo para ejecutar medidas a corto plazo para fortalecer la institucionalidad del sistema. El presidente Moreno deberá informar mensualmente el avance en el cumplimiento de la disposición.
La Corte exige a las autoridades de justicia las investigaciones y determinación de responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas que correspondan, por parte de quienes, por su acción u omisión, ocasionaron hechos de tal gravedad.
