Corte y Judicatura piden al secretario Anticorrupción respetar la independencia de funciones

La Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura le piden al secretario Anticorrupción del gobierno, José de la Gasca, que respete la independencia de las funciones, especialmente, a la Judicial, “sumando esfuerzos para luchar contra la corrupción de forma técnica, jurídica e institucionalizada”. El funcionario se vio inmerso en una polémica relacionada con las investigaciones de corrupción abiertas por las presuntas adquisiciones irregulares de mascarillas, guantes e implementos de bioseguridad en hospitales e instituciones en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En una carta de dos páginas firmada por las autoridades de ambos organismos le recuerdan al funcionario que el principio de separación de poderes tiene como fin último garantizar el Estado el Derecho, evitando que cualquiera de los poderes del Estado moderno adquiera excesiva primacía sobre el resto.

La misiva es la continuación de otros llamados efectuados por la fiscal Diana Salazar quien en una carta dirigida al presidente Lenín Moreno que quejó de la supuesta interferencia del funcionario en las investigaciones por posible corrupción.

La fiscal decía que las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría a los fiscales a cargo de las investigaciones y la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales. Llegó a sugerir que se analice “si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones”, como es el caso de la Fiscalía.

El lunes, la Secretaría expresó que ambas entidades son aliadas en la lucha anticorrupción. "Cada una emite sus actuaciones en el marco de sus competencias". Concluyó además que "esta Secretaría no interfiere en las funciones del Estado”.

También el contralor Pablo Celi se sumó a la postura de la fiscal. En Ecuavisa señaló: "creo que es muy importante que el Ejecutivo evalúe la pertinencia de mantener una entidad en esas circunstancias”.

La Corte y la Judicatura en su carta expresaron que ven con preocupación “los pronunciamientos emitidos por la Secretaría a su cargo, institución dependiente de la Función Ejecutiva, cuyas competencias se encuentran reguladas y absolutamente limitadas en el decreto de su creación”.

Dicen además que “trabajar por un fin, interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción de forma técnica, jurídica e independiente, puede ser igual de peligroso que no actuar”.

La ministra de Gobierno María Paula Romo respaldó a la Secretaría Anticorrupción. En una carta de respuesta a la fiscal le dijo que no ha existido intención de interferir con las tareas de la Fiscalía. Mencionó que no se pretende la duplicidad de funciones y si es que existió algún tipo de interferencia, como mencionaba la carta de la fiscal, Romo cree que pudo tratarse de un mal entendido. 

Recordó que Anticorrupción tiene 20 personas y elabora políticas públicas contra la corrupción. Del Consejo de Participación Ciudadana señaló que, personalmente piensa que debería desaparecer. Añadió que ese organismo cuenta con 290 funcionarios, tiene que incentivar la transparencia y la participación pero a la ministra le parece que no se ven muchos resultados al respecto en cuanto a participación ciudadana".