La Corte pide que se respete la independencia judicial
Los jueces ponen reparos al reglamento para su evaluación. El Consejo de la Judicatura anunció el domingo el inicio de la valoración del organismo de justicia.
Se avecina una nueva tormenta en el sector justicia. ¿La razón? El reglamento de evaluación integral de jueces de la Corte Nacional aprobado la semana pasada por el Consejo de la Judicatura motivó reparos en los evaluados.
Según el pleno de la Corte la resolución no se ajusta a los mandatos constitucionales ni a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de Naciones Unidas a través de sus relatores.
La resolución que da inicio a la evaluación fue anunciada el domingo en cadena nacional por la presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado. Para analizar el documento el pleno se reunió el lunes en forma extraordinaria.
El resultado fue un pronunciamiento unánime de la Corte con tres reparos anunciados por su presidenta Paulina Aguirre. La primera observación es al artículo 5 sobre el comité evaluador. Los jueces dicen que inobserva la garantía del debido proceso y el derecho a ser juzgados por las autoridades respectivas con arreglo a los procedimientos previamente establecidos.
Pero no solo eso. El artículo 6, relacionado con los criterios de evaluación en los que se incorpora normativa interna, legitimidad y transparencia, afecta el principio de legalidad, destacó.
Mencionó el artículo 9 sobre la imposibilidad de presentar algún recurso de la decisión final sobre las evaluaciones. La Corte cree que atenta contra la garantía de impugnación de actos administrativos. La evaluación de la Corte fue la primera tarea encargada por Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación a la nueva Judicatura.
Aguirre señaló que la Corte aspira que el órgano administrativo de la Función Judicial cumpla con sus competencias, respetando la independencia judicial y el debido proceso.
Observación
Argumentan que hay vulneración
La Corte señala que las infracciones consideradas como gravísimas están definidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso, la disposición de que quienes no superen los principios de legitimidad y transparencia incurrirían en esa posibilidad, según los jueces, vulnera el principio de legalidad.
El pleno ratifica que no se pueden crear infracciones vía reglamento administrativo, que además son una tipificación abierta, impropia del proceso de evaluación.
Roberto Gómez, expresidente de la Corte Suprema
“El Consejo no puede delegar”
Los jueces cuestionan el comité anunciado para su evaluación.
Restarle la autonomía que antes tenía el Poder Judicial para dárselo a una entidad administrativa es una anomalía constitucional y conceptual. Es hora de pensar que se devuelva tanto a la Judicatura como a la Fiscalía la autonomía plena que tuvo antes y que con afán de concentración de poder se suprimió de esas entidades.
Los jueces apoyan la evaluación pero piden parámetros claros.
La evaluación es necesaria, pero en cuanto a calidad y cantidad, sobre la emisión de fallos. La transparencia tiene que averiguarse, el patrimonio de los jueces, como han acrecentado su patrimonio, de dónde viene, eso debe evaluarse. Lo del 80 % es incongruente y subjetivo y peor la delegación a un comité.
¿Qué más debería tomarse en cuenta a la hora de hacer la evaluación de los jueces?
La ética, el comportamiento, la transparencia, para lo cual ahora hay muchos elementos que pueden averiguar sobre el origen de un patrimonio. La evaluación debe hacer el Consejo de la Judicatura, no puede delegar a otra entidad que lo haga, porque eso no está en la ley, deben trabajar ellos o nombrar comisiones internas.
