Corte ratifica inocencia de David Rosero

Inocentes. Así declaró el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia al consejero de Participación Ciudadana David Rosero, a Jaime Villacís, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Imbabura y al maestro José Landeta. Los procesados habían sido investigados por el presunto delito de ataque y resistencia. La resolución fue adoptada por los jueces Marco Rodríguez ponente, Iván Saquicela y Daniella Camacho, en el segundo día de juzgamiento. 

A pesar que durante su primera intervención el fiscal subrogante Wilson Toainga había señalado al tribunal que durante el juicio probaría que los sospechosos eran autores directos del presunto delito, ayer no acusó a Rosero. Justificó que el consejero estuvo coincidencialmente en el sitio y que no opuso ninguna resistencia al cumplimiento de la orden judicial de allanamiento. Lo que sí dijo Toainga es que Rosero sí utilizó un micrófono para informar a la gente sobre lo que quería hacer el gobierno con los fondos del magisterio. Para el fiscal no existieron suficientes elementos probatorios y se abstuvo de presentar acusación en su contra.

Durante el juicio, ninguno de los testigos de Fiscalía lo señaló como agresor. En cambio sí hubo acusaciones para Landeta y Villacís. Al anunciar su resolución el presidente del tribunal Marco Rodríguez indicó que la conducta de los procesados no se adecuó al delito de ataque y resistencia. En cambio, lo ocurrido durante el allanamiento efectuado por la Fiscalía y Poilicía en mayo de 2015 en el Fondo de Cesantía del Magisterio se encuadró en la característica de una protesta.

Por otro lado el juez destacó que en los actos administrativos, previo al allanamiento, si se habrían cometido errores de forma y que además se violó el principio de mínima intervención penal.

Al presentar su teoría del caso ante los jueces el fiscal había ofrecido probar que el 18 de mayo de 2015 a las 18:00 en Ibarra, tras una reunión del Fondo de Cesantía del Magisterio y mientras Fiscalía y Policía efectuaban un allanamiento autorizado por el juez Francisco Chacón, al menos tres policías fueron agredidos por los sospechosos.

Acusó a Rosero de incentivar públicamente para que las personas presentes en el sitio, unas 60, se resistan a que se practique la diligencia. Mencionó que como consecuencia de esa oposición al menos tres policías resultaron con lesiones producto de golpes efectuados con palos. 

La defensa de los procesados había señalado que se trató de una persecución política cumplida en el correísmo en donde se criminalizó la protesta social. El de Rosero fue uno de los casos investigados por la Mesa de la Verdad y la Justicia conformada durante el Consejo de la Judicatura Transitorio. Carlos Poveda, abogado de Rosero expresó que se hizo justicia para su cliente con la sentencia absolutoria emitida por los jueces.