Cotopaxi: Fiscalía investiga presunto delito de contaminación ambiental
El proceso se encuentra en investigación previa, visitaron cuatro cantones en la provincia para levantar información
Están investigado. Hasta el terreno de Manuel Través, habitante del barrio Libertad Playa de Inchapo, de la parroquia de Poaló, en Latacunga, llegó un equipo de la Fiscalía General del Estado y Policía para levantar información respecto a la investigación que realizan por el presunto delito de contaminación ambiental.
En el terreno, de una extensión de más o menos una hectárea, existe cultivo de maíz. Las plantas no han crecido más de 70 centímetros. Están con maíz, es pequeño y sabe que este año perderá dinero porque no podrá vender porque la mazorca es muy pequeña.
"Antes cosechábamos buen maíz, choclo, fréjol, habas y chocho. Ahora, debido a la sequía, lo que sembramos apenas alcanza para alimentar a los animales", relató Cueva con visible preocupación.
Cueva mencionó que, en su caso, invirtió 90 dólares en tractores y semillas para una hectárea de terreno. Sin embargo, debido a la falta de lluvias, sus expectativas de una buena cosecha se desvanecieron, dejando su inversión en peligro.
Las empresas brocoleras, posibles responsables
Marcelo Sangucho, presidente de las organizaciones campesinas, agrícolas y juntas de agua de Cotopaxi, explicó que la llegada a la provincia de las empresas brocoleras ha sido un punto de inflexión para la comunidad. Según el dirigente, desde las empresas se utilizarían cañones antigranizo y avionetas que dispersan las nubes cargadas de agua, impidiendo que llueva y agravando la sequía en la región.
"Las empresas brocoleras encontraron en Cotopaxi la zona perfecta para cultivar brócoli. Sin embargo, su presencia ha traído grandes problemas, como la sequía y el uso de químicos que han afectado la salud de los campesinos", denunció Sangucho.
Sangucho estimó que las pérdidas en la provincia ascienden a unos 10 millones de dólares por la pérdida de cultivos de los habitantes de las comunidades de los cuatro cantones como son Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, una cifra alarmante para una región que depende en gran medida de la agricultura.
El abogado Rodolfo Neto, abogado defensor de las comunidades afectadas, explicó que la denuncia fue presentada por el presunto delito de contaminación al aire en la Fiscalía de Cotopaxi pero por la falta de técnicos se trasladó la investigación a Quito.
Neto indicó que en el recorrido por las zonas afectadas fue para recoger testimonios y evidencias del impacto de la sequía. "La denuncia se basa en la presunción de que la Escuela de Aviación de Cotopaxi utilizaría avionetas para dispersar las nubes cuando está por llover, lo que afecta a las cosechas. Este proceso lo llevaremos hasta el final sin costo alguno para las comunidades", aseguró.
Los líderes comunitarios y los agricultores coinciden en que la alteración de los ciclos de lluvia ha sido devastadora. Anteriormente, las cosechas se realizaban en julio y agosto, pero ahora deben esperar hasta diciembre para sembrar, con la esperanza de que las lluvias lleguen.
El recorrido de la Fiscalía incluyó visitas a las comunidades más afectadas, donde los agentes pudieron observar de primera mano la situación crítica. Los moradores relataron sus experiencias y mostraron el impacto de la sequía en sus cultivos, muchos de los cuales apenas alcanzan los 50 centímetros de altura, muy lejos de la producción esperada. A pesar de las dificultades, las comunidades de Cotopaxi están decididas a continuar su lucha.
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