El COVID-19 deja ‘víctimas’ políticas dentro del Gobierno
Alexandra Ocles salió ayer del Servicio de Riesgos en el que estuvo tres años. Cuatro altos funcionarios han dejado el Ejecutivo en esta emergencia
La pandemia también está dejando damnificados políticos. Alexandra Ocles presentó ayer la renuncia irrevocable a la dirección del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en medio de una investigación por la compra de 7.000 paquetes alimenticios que iban a ser destinados a familias afectadas por el coronavirus.
La exfuncionaria ya había puesto a disposición del presidente Lenín Moreno su cargo el jueves pasado, pero pocos minutos antes de que el mandatario dé a conocer cuál sería su reemplazo, Ocles hizo circular la misiva en la que anunciaba su dimisión definitiva.
A mediados de la semana pasada, una información periodística develó que el SNGR, con Ocles a la cabeza, estaba dispuesta a pagar hasta $ 150 por una canasta con 18 alimentos que en el mercado podría costar $ 90 o menos, lo que podría configurar un sobreprecio que ya es investigado por las entidades de control.
En la carta enviada a Moreno, Ocles asegura que este proceso se hizo apegado a la norma, se vigiló paso a paso cada aspecto de la contratación y que incluso pidió a la Contraloría que audite el proceso de contratación. El militante de Alianza PAIS, Rommel Salazar, es desde ayer su reemplazo.
He desempeñado este cargo con la convicción de haber entregado todo mi esfuerzo
La primera víctima política que cobró el COVID-19 en el país fue Catalina Andramuño, quien era ministra de Salud cuando empezó la emergencia sanitaria. Dejó el cargo el 21 de marzo cuando la situación en Guayaquil se empezaba a desbordar y las dos millones de pruebas que había ofrecido que llegarían, nunca lo hicieron.
Según la exministra, el motivo de su dimisión estaba directamente relacionado a la falta de apoyo que habría encontrado desde varias entidades del Estado para enfrentar la pandemia. “También me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación”, señaló Andramuño.
Ese mismo día también renunció Andrés Madero al Ministerio de Trabajo. Se conoció que una de las razones para la dimisión fue que el funcionario había resultado positivo para coronavirus. En su reemplazo fue designado Luis Poveda.
La lista continúa. Luego de dos renuncias y una tercera con el carácter de irrevocable, el presidente Moreno aceptó la salida de Paúl Granda de la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde se concentran gran parte de las irregularidades encontradas durante la emergencia sanitaria.
La gota que derramó el vaso en la Seguridad Social fue la difusión de un contrato, por cerca de $ 10 millones, para la compra de insumos para la protección del personal sanitario de los hospitales del IESS. Ahí se podía ver que las mascarillas tipo N95 que en el mercado se pueden encontrar hasta en $ 3,50, al Seguro le iban a costar $ 12.
Antes de abandonar el Consejo Directivo, Granda removió del cargo a Miguel Ángel Loja, quien se desempeñaba como director del IESS y cuya firma aparece en la cuestionada orden de compra. En la resolución de destitución se estableció que se ejecute una investigación que debía durar ocho días y que todos los funcionarios que participaron en ese contrato pasen, hasta tanto, a ocupar otras funciones que no tengan nada que ver con contratación pública.
En esta suerte de salidas y dimisiones en medio de actos irregulares también han abandonado sus cargos directores de hospitales como el salubrista Pablo Izquierdo, quien dejó el hospital Eugenio Espejo de Quito, también, denunciando corrupción y “negocios millonarios” en esa casa de salud de la capital. Ese caso está bajo investigación de la Fiscalía General.
Incluso, el actual presidente del Consejo del IESS, Jorge Wated, señaló que la directora de una de las casas de salud de la red de la Seguridad Social en Guayas se encontraba detenida para investigaciones, al igual que otros funcionarios administrativos que han sido detenidos en los operativos ejecutados la semana pasada en provincias como Tungurahua, Los Ríos y Bolívar.
Participación pide comparecencia
Además de a la Fiscalía y a la Contraloría, la exdirectora de Riesgos, Alexandra Ocles, tendrá que rendirle cuentas al Consejo de Participación y Control Social (CPCCS).
Este organismo decidió ayer convocar a la exfuncionaria para el 20 de mayo para que aclare dos temas: la instalación masiva de rótulos de “Punto Seguro” en el país y la adquisición de las canastas de alimentos en emergencia.
