CPCCS: Los consejeros de la Liga Azul buscan evitar la destitución
Ayer, la mayoría del Consejo declaró la "ineficacia jurídica" del nombramiento de González como Superintendente de Bancos
Un nuevo capítulo del controvertido accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se desarrolla. Los autonombrados integrantes de la Liga Azul, que ha estado vinculada al correísmo, buscan evitar la destitución ante el incumplimiento de la sentencia 372-EP-23/24, de la Corte Constitucional.
Hace menos de una semana, el miércoles 22 de enero del 2025, una nueva mayoría se conformó en el Consejo. Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y su aliada, Nicole Bonifaz decidieron dejar de lado la designación de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos y colocar a Raúl González. Luego de que el afectado pidiera su destitución y la Corte encendiera todas las alarmas, ayer sacaron dos cartas.
La sesión del lunes 27 de enero
En la sesión del Consejo, desarrollada en la tarde del 27 de enero, no aprobaron el informe del presidente Andrés Fantoni, para declarar la nulidad de la designación de González y ratificar a Romero. Los tres consejeros de la Liga Azul presentaron dos opciones más: Bonifaz intentó que se reconsiderase lo actuado y solo alcanzó cuatro votos, necesitaba cinco.
Finalmente se resolvió declarar la “ineficacia jurídica de la resolución” del 22 de enero, moción planteada por Loor. ¿Por qué? Supuestamente no se pudo validar la firma de Fantoni en el informe y porque dos días después de que se emitiera, la CC hizo un auto aclaratorio, que “facilitó la comprensión de la sentencia“.
Las opiniones de constitucionalistas
Sin embargo, abogados constitucionalistas señalan los errores de la Liga Azul. Sebastián López opina que la nueva mayoría del CPCCS distorsionó una sentencia de la Corte Constitucional (CC) y la interpretó, según su interés particular. Por lo que ha dado lugar a que la CC active la fase de seguimiento.
En la Constitución -explica Sebastián López- existe una garantía que es la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales, que puede activar quien considere que un fallo no ha sido cumplido integralmente. “En esta ocasión, la Corte, a través de una acción extraordinaria de protección emitió una sentencia, que no se siguió”.
Además, para López existe un antecedente que ocurrió en el seno del CPCCS, cuando Alembert Vera, fue destituido. En octubre del 2023, la Corte lo sancionó por desacatar su dictamen. Vera convocó a una ‘veeduría ciudadana’, para revisar la conformación de la CC. Eso iba en contra del dictamen de mayo del 2019, que protegió las decisiones del CPCCS Transitorio.
La 'mala fama' del CPCCS
Según Ximena Ron, constitucionalista, nadie puede negar que: “el CPCCS ha hecho mal las cosas, desde el inicio. Y, por eso, su bien ganado desprestigio. No solo hay irregularidades en el concurso de Superintendente de Bancos”. Pero cree que la Corte en rigor no podría destituir a la Liga Azul.
”No se configuró tal incumplimiento. Hubo la amenaza, pero como el CPCCS reculó, se quedan sin argumentos”, sostiene. Y recordó que el conflicto por el nombramiento del Superintendente de Bancos data de 2022, con la terna enviada por Lasso. “Hubo un enredo. Lo correcto hubiera sido sanear todo y volver a empezar por el clarísimo conflicto de intereses, entre varios grupos políticos”.
El abogado Ramiro García dice que hay un evidente incumplimiento de sentencia y que los consejeros buscan enmendar lo hecho, para no ser destituidos. El fallo, en sí mismo, fue una reparación para el accionante (Raúl González) y no afecta situaciones consolidadas (designación de Romero), escribió en X.
EXPRESO buscó entrevistar a Verduga, Bonifaz y Saltos. Pero no contestaron, a excepción de la última, quien indicó que hoy estaría disponible.
Otro punto de vista
Paúl Córdova, abogado constitucionalista, coincide en que la actuación de los consejeros (de la Liga Azul), que votaron a favor de desconocer la sentencia de la CC, para nombrar a González, fue inadecuada. Anota que debían esperar el alcance y ampliación o consultar a la Corte o al Procurador General.
“La sentencia no los autorizaba a suspender el nombramiento del Superintendente y modificar la designación”, señala Córdova y también que la legitimidad de la justicia constitucional requiere que las autoridades obedezcan sentencias para evitar su incumplimientos.
A Córdova le parece muy grave que la Corte haya intervenido, para que el CPCCS recule. Subraya que un incumplimiento a una de sus sentencias sí da lugar a una destitución del cargo. Y recuerda que ya pasó hace dos años, cuando los siete vocales de ese pleno salieron por no haber designado a Álvaro Román, para presidir la Judicatura.
Pero, tanto Ron como Córdova dicen que no solo los consejeros de la Liga Azul están vinculados con movimientos políticos, lamentablemente.
