El Consejo de Participación, una entidad inestable que cava su propia tumba

Un fracaso total. Tras 15 años de existencia, según analistas consultados por este Diario, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha demostrado ser una entidad incoherente con su deber ser y corresponsable del declive institucional.

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Desde su creación, según anota la exasambleísta Wilma Andrade, la entidad ha sido un fracaso. “Es nefasta por donde se la mire porque, ya en la práctica, se ha convertido en un ente eminentemente político. Ahí se elige a las máximas autoridades de control y, por ende, está sujeta a presiones políticas”.

Aunque la institución ha tenido reformas (una de ellas, la elección de consejeros por votación popular), añade la exlegisladora, el vicio político-partidista no ha desaparecido de la entidad y “no tengo expectativa de que eso pueda variar en el futuro. Va a empeorar”.

Los hechos lo demuestran, señala el exconsejero Carlos Figueroa: “Antes, todos los que se eligieron fueron mayoría para el gobierno de Rafael Correa. Ahora, con la elección de consejeros, se manda una lista de candidatos. No estamos eligiendo gente independiente, sino con injerencia política”, argumenta.

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El ejemplo más reciente fue la elección de los consejeros de Participación del periodo 2023-2027, realizada en febrero de 2023. En dichos comicios, el correísmo apoyó abiertamente a los siete candidatos de la ‘Liga Azul’, de los cuales tres sí lograron llegar a la institución.

Augusto Verduga y Yadira Saltos actualmente conforman el pleno del Consejo de Participación, mientras que Alembert Vera, quien en mayo de 2023 fue electo presidente de la institución, fue destituido por la Corte Constitucional tras considerar el incumplimiento de su dictamen interpretativo de 2019.

Aunque estos argumentos motivan a que Andrade y Figueroa consideren que el Consejo de Participación debe dejar de existir, para la expresidenta Sofía Almeida esta no es una salida válida para una institución que, desde su punto de vista, tiene un espíritu noble y otorga un espacio de decisión a la ciudadanía.

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“El problema es (que entre sus funciones tiene) la designación de autoridades, lo que hace que las fuerzas políticas, económicas y de otra índole quieran captar el Consejo de Participación”, explica, pero defiende que reformar la institución es la mejor vía para recuperar la entidad de participación ciudadana.

Para ella, “lo correcto es que sean más fuertes los requisitos para los postulantes al Consejo. Además, que desde la Asamblea Nacional se establezca mayor independencia”. Y acota que, pese a que hay una fuerte influencia política, cambiar el modo de elección de los consejeros no tendría incidencia.

Asimismo, desde su experiencia como exconsejera, sostiene que las presiones se manifiestan de muchas formas, entre ellas la falta de entrega de presupuesto, amenazas de juicios políticos e, incluso, promesas hechas por actores políticos ajenos a la institución.

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Sin embargo, según ratifica Figueroa, independientemente de las reformas que se puedan hacer a la institución, “el Consejo de Participación termina siendo monopolizado por partidos políticos, en especial por el correísmo”. Además, opina que lo dicho por Almeida ratifica la necesidad de eliminar el CPCCS.

Aunque los intentos de quitarle funciones o eliminar la entidad han sido infructuosos, la exasambleísta Andrade considera que esto no valida la existencia de la institución. “Los ciudadanos no eligieron a nuevos consejeros por responsabilidad, sino por la obligatoriedad que los lleva a las urnas. No es un apoyo justificado”.

Incluso advierte que varios actores políticos se han encargado, durante estos últimos 15 años, de distraer la atención de la ciudadanía de uno de los orígenes de los problemas institucionales del Estado ecuatoriano.

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“La gente se olvida de dónde salió el contralor ahora procesado en Estados Unidos (Carlos Pólit), de dónde nacieron los fiscales subalternos al poder y el resto de autoridades cuestionadas”, dice y resalta la urgencia de un cambio para que el fracaso no se extienda al Estado entero.

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