El CPCCS y el fantasma de la prórroga: ¿qué concursos están pendientes para 2025?
Al menos cinco procesos de selección y designación arrastra el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) al nuevo año
El fantasma de los prorrogados persigue al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que recibe el nuevo año con una importante lista de concursos pendientes y el desafío de culminarlos a tiempo para evitar más prórrogas de autoridades.
Al menos cinco concursos en marcha deberían culminar en 2025: la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la designación del nuevo fiscal general del Estado y del defensor del pueblo; y la renovación del Consejo de la Judicatura.
El lunes 30 de diciembre de 2024 termina el plazo para que las funciones del Estado definan sus ternas para conformar el Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. El CPCCS espera recibir los nombres de los candidatos seleccionados.
— Diario Expreso (@Expresoec) December 28, 2024
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La renovación del CNE y de fiscal general, entre los pendientes
La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) es uno de los concursos más demorados del CPCCS. Este ya provocó la prórroga de dos de sus vocales en 2021 y, recientemente, en noviembre de 2024, de los otros tres vocales del órgano electoral.
Con reclamos de los vocales suplentes por principalizarse, tras tres años del inicio del proceso y varios reveses legales, la comisión ciudadana de selección se prepara para la etapa de oposición del concurso. Según los nuevos plazos, se prevé que el proceso culmine en mayo de 2025.
Uno de los procesos recientemente iniciados por el CPCCS, que genera mayor interés en la opinión pública por las implicaciones del cargo, es la selección y designación del reemplazo de Diana Salazar como directora de la Fiscalía General del Estado.
Tras varios borradores cuestionados, el 11 de septiembre de 2024 se aprobó el reglamento del concurso con la idea de que “impide candidatos vinculados a mafias”. Recientemente se completó la conformación de la veeduría con 542 ciudadanos admitidos para el proceso.
Al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), este es otro proceso de selección y designación a cargo del CPCCS que está en riesgo de necesitar una prórroga de funciones, ya que el periodo de Diana Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado culmina en abril de 2025.
Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y el TCE
El CPCCS también comenzó con la renovación parcial del Consejo de la Judicatura, proceso realizado a través de ternas enviadas por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública.
Los actuales vocales de la Judicatura terminarán sus funciones el 29 de enero de 2025 y, el 16 de diciembre de 2024, el CPCCS solicitó a cada parte involucrada que en el término de diez días envíen sus ternas para la respectiva revisión de requisitos y que pase por la etapa de impugnación ciudadana.
Por otro lado, el CPCCS también arrastra al 2025 la renovación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ambos procesos que se han venido estancando en la conformación de la comisión ciudadana de selección que llevará a cabo el concurso.
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Recientemente el CPCCS dispuso que los equipos técnicos den apoyo para la revisión del cumplimiento de requisitos de los delegados de la Función Electoral y de la Función de Transparencia y Control Social, respectivamente, para que elaboren el informe de admisibilidad que conocerá el Pleno.
Al CPCCS le hace falta mayor planificación
Aunque el Consejo de Participación liderado por Andrés Fantoni destaca que en su periodo se han designado a varias autoridades, el experto electoral Esteban Ron señala que aún quedan vacíos.
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“Las acciones tomadas son aisladas. No hay un calendario específico que establezca las prioridades”, señala y comenta que una vía sería priorizar los concursos de selección y designación atorados.
Además, que el Consejo de Participación Ciudadana debería tomar en cuenta los procesos que podrían tener una incidencia inmediata y cuáles podrían prorrogarse según lo dicho por la Procuraduría.
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