CPCCS: una fórmula para la impunidad

No es una opinión, sino un hecho incontrastable y público: los consejeros de Participación Ciudadana de la Liga Azul (Augusto Verduga, Yadira Saltos y el presidente Alembert Vera) llegaron adonde están al término de una campaña que violó la ley electoral de manera sistemática y abierta.

Artículo innumerado que no admite interpretaciones: “Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social…”.

Pues bien: la campaña de los azules (incluyendo otros cuatro candidatos, entre los que se encuentra el consejero suplente Eduardo Franco Loor) consistió en una intensa e ininterrumpida labor proselitista a cargo del Movimiento Revolución Ciudadana, cuyos colores y eslóganes utilizaron; cuyos asambleístas distribuyeron su propaganda; cuya presidenta, Marcela Aguiñaga, grabó por lo menos un video promocionando sus candidaturas; cuyo líder y presidente honorífico, el delincuente prófugo Rafael Correa, los promocionó activamente y junto al cual se fotografiaron y grabaron cuñas y programas de alta difusión… Todo ello a vista y paciencia del país entero, que de eso se trata el proselitismo: de que lo vea todo el mundo.

La ilegal campaña de la Liga Azul debió ser detenida a tiempo, es decir, antes de que rindiera frutos en las urnas. Pero nadie actuó. El país, impotente y atónito, contempló cómo un grupo de candidatos que levantaron su campaña sobre la violación sistemática de la ley electoral terminaron consagrándose como vencedores. El sistema electoral ecuatoriano es el reino de la impunidad: no hay autoridad alguna que se sienta obligada a intervenir de oficio ante atropellos de este tipo.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, resulta particularmente eficaz en el difícil arte de mirar para otro lado y no hacer nada, lo cual explica su permanencia en el cargo. El resultado es que la ley, como dice Rafael Estrella (un ingeniero de la Universidad de Cuenca que ha publicado dos libros sobre el principio de proporcionalidad e igualdad del voto), solo existe para quienes la cumplen.

Sin embargo, aún no es tarde para corregir estas omisiones: archivada en un principio por un problema de formalidades, la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Alembert Vera y Marcela Aguiñaga por violación de la ley electoral ha sido finalmente admitida esta semana por el Tribunal de lo Contencioso Electoral y podría resolverse con la destitución de los infractores. La pregunta ahora es qué retorcido argumento se inventarán para evitarlo.

Todos los textos constitucionales y legales sobre los que se establecen la existencia y las funciones del CPCCS se preocupan por garantizar la independencia de este organismo, no solo con respecto a los partidos y movimientos políticos, sino incluso frente a las organizaciones de la sociedad civil a las que pretende representar. La ley establece, por ejemplo, que “las organizaciones sociales no podrán auspiciar a más de una persona” como candidata a un puesto en el Consejo.

De ahí que resulte doblemente inaudito el hecho de que a un partido, el correísmo, que en principio tiene prohibido promocionar a nadie, se le haya permitido candidatizar a siete. Y que, como resultado, haya terminado controlando tres de los siete puestos en el organismo. Si se considera que el CPCCS es el ente encargado de designar contralor, procurador, defensor del Pueblo y fiscal general del Estado, entre otras autoridades de control; y que tiene entre sus atribuciones la de “establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público”, se tendrá una medida de la dimensión del daño.

Lo que está ocurriendo en estos días en el Consejo es el predecible resultado de esta operación política. El expediente abierto contra la fiscal Diana Salazar por el presunto plagio de su tesis de grado es parte de una estrategia del correísmo para garantizar la impunidad de sus dirigentes corruptos, prófugos o presos, condenados por la justicia.

Todo ocurre al mismo tiempo: el Consejo de la Judicatura, manejado también por los correístas a través del indescriptible Wilman Terán, experimenta con su propia tentativa de destitución, pese a no tener atribución legal alguna para hacerlo; un grupo de matones armados hasta los dientes envía a Salazar un video con una amenaza de muerte; el expresidente prófugo, cuyos mensajes son mucho, pero mucho más violentos que los de los propios criminales, desata una auténtica campaña contra la fiscal en las redes sociales mientras tuitea sin parar que “ya falta poco”; y en la horrenda y antifuncional sala de reuniones del CPCCS, digna de sus ocupantes, sesionan los tres consejeros correístas (¡cómo!, ¿no se necesita cuórum para hacer esto?), con la recién nombrada secretaria Anticorrupción de ese organismo, la exlegisladora María Ángel Muñoz (correísta por pura casualidad) para escuchar las supuestas pruebas del plagio de la tesis de grado expuestas por la ciudadana Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo correísta (caramba, otra coincidencia) César Carrión, hoy preso por abuso sexual escandalosamente captado por las cámaras de vigilancia de su propio edificio.

Invento del correísmo patentado en Montecristi para garantizarse su propia impunidad mientras estuviera en el Gobierno y para no dejar gobernar al Gobierno mientras estuviera en la oposición, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que no tiene equivalente en ningún lado y se constituye en una auténtica particularidad del proyecto autoritario ecuatoriano, es una aberración en un sistema democrático.

En primer lugar (y esta es una cuestión de concepto) porque se atribuye la absurda misión de reducir a un esquema institucional la irreductible multidiversidad de la participación ciudadana, cuya riqueza y valor reside, precisamente, en el hecho de no ser parte del Estado.

En segundo lugar porque, al hacerlo, se convierte en una suerte de congreso o asamblea de bolsillo que usurpa las funciones de la auténtica asamblea y concentra el poder en pocas manos. ¿Para qué lo inventó el correísmo? Para adueñarse de los organismos de control del Estado con tan solo cuatro votos. Baratísimo, considerando que en la Asamblea Nacional les tocaría comprar votos por decenas. ¿Qué está haciendo el CPCCS de Alembert Vera? Pues exactamente eso.

Finalmente, lo que el país está viviendo en estos días con la conspiración contra la fiscal general del Estado es también, hay que decirlo todo, el resultado del fracaso más estrepitoso de un gobierno que en gestión política fue absolutamente incapaz de dar un palo al agua.

La eliminación del CPCCS fue una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso que quedó en carpeta y acaso la única que, de haberla cumplido, podría justificar su presidencia. No solo que nunca se atrevió a cumplirla, sino que terminó planteando una consulta popular a medias y a destiempo. Una consulta que perdió aparatosamente y cuyo resultado, lejos de debilitar este organismo aberrante, lo dejó más fortalecido que nunca ante el futuro. Sí, esto también se lo debemos a Guillermo Lasso.

• La ley dice...

“Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo a favor de ningún candidato”.

• Cpccs ataca

El país asiste al predecible resultado de una operación política. El expediente contra la fiscal por supuesto plagio de su tesis es parte de la estrategia correísta de impunidad.

• Denuncia archivada

Parecería que en el Ecuador la omisión de formalidades sí permite sacrificar la justicia, salvo cuando se trata de dar un golpe de Estado parlamentario, procedimiento en el cual las formalidades lo son todo. En el caso de la denuncia del candidato a consejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas contra Alembert Vera y Marcela Aguiñaga, por violación de la ley electoral, la omisión de formalidades permitió a los candidatos acusados de fraude ganar las elecciones y asumir como autoridades.

(También puede leer: La alharaca de los conspiradores)