CPCCS: el presidente Andrés Fantoni apaga la luz y cierra la puerta

Es oficial: salvo cobrar el sueldo (que ronda los 5 mil dólares), el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, no hará nada hasta nuevo aviso. Muchas y muy importantes son sus obligaciones, empezando por organizar los procesos de selección de las autoridades de control, seis de los cuales llevan retrasos de hasta cuatro años. 

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Este martes, sin ir más lejos, debió posesionarse el reemplazo de Diana Salazar en la Fiscalía General del Estado, pero el concurso respectivo ni siquiera ha empezado. Ni empezará. Y no lo hará (ni ese concurso ni ningún otro) porque Fantoni, tal como acaba de decir él mismo en un video que grabó para el efecto, no moverá un dedo. Y que a nadie se le ocurra tacharlo de pusilanimidad o ineficiencia, no: la culpa es de otros. ¿Cómo podría ser suya? Él nomás cobra su sueldo, ¿qué culpa tiene?

Dos minutos y medio dura el video en el que Fantoni se hace entrevistar por algún asesor o subordinado suyo, procedimiento que evita las ruedas de prensa y las preguntas incómodas. Básicamente, la idea es justificarse: echarle la pelotita a la Asamblea Nacional. Dice el presidente del CPCCS en esa falsa entrevista que el Legislativo lleva dos meses sin resolver “la posesión del séptimo consejero”, cargo que se disputan Óscar Ayerve y David Rosero. Y que, mientras el pleno del organismo no esté “totalmente conformado”, sus decisiones no tendrán “la legitimidad que se merecen”. Así que lo mejor es no decidir nada.

“Esperemos que esto (la designación del séptimo consejero) se haga pronto, concluye Fantoni, para poder darle consecuencia y avance importante a cada uno de los procesos que tiene la responsabilidad el CPCCS”. Lo cual es, hablando claro, un vil pretexto: no existe ninguna ley que obligue a este o a cualquier otro organismo colegiado a sesionar con la totalidad de sus miembros para dar legitimidad a sus decisiones. Precisamente para eso se inventó el concepto de quórum: en este caso, cuatro consejeros.

Por un momento digamos que sí, que contar con los siete integrantes del Consejo sería lo óptimo para el momento de las designaciones. Aun así, son tantos los aspectos operativos previos en los que se podría avanzar (designación de equipos técnicos, nombramiento de comisiones, elección de coordinadores, revisión de requisitos...) que la inacción consciente y proclamada del presidente Fantoni resulta incomprensible. 

Esa es la razón por la que el consejero Gonzalo Albán ha hecho público un llamamiento para que el organismo se ponga a trabajar. Nomás hay que echar una ojeada a la lista de pendientes: en el concurso para elegir nuevo fiscal no se ha integrado la Comisión Ciudadana de Selección ni se ha abierto la fase de inscripción de postulantes; en el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral se encuentra pendiente la recepción de impugnaciones ciudadanas a los postulantes para integrar la Comisión Ciudadana de Selección; la renovación del Tribunal de lo Contencioso Electoral se encuentra en su etapa preliminar, sin comisión conformada; la elección de defensor del Pueblo está pendiente desde 2021 y todavía no se ha integrado la Comisión Ciudadana de Selección; el concurso para elegir nuevo contralor se inició formalmente en noviembre de 2022 y no ha reportado avances; la renovación del Consejo de la Judicatura, que se hace por ternas enviadas desde los poderes del Estado, ha sido bloqueada por todo el mundo, desde el mismo CPCCS, cuyos consejeros correístas jugaron a retrasarla como se ve en los chats del procesado Augusto Verduga, hasta la Presidencia de la República, que hasta el sol de hoy no ha remitido su terna. Todas estas designaciones llevan retraso. Que la disputa entre Óscar Ayerve y David Rosero mantenga congelados los procesos y en vilo a la nación es una broma macabra.

En cuanto al problema de la séptima consejería, se trata de otro absurdo. En enero de 2023, David Rosero fue destituido junto a otros seis consejeros del CPCCS de Alembert Vera por incumplir con una sentencia de la Corte Constitucional, con prohibición de ejercer cargo público por dos años. Ese período ha transcurrido ya, de ahí sus pretensiones de volver. 

Sin embargo, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece que ningún funcionario podrá reingresar a la institución de la que fue destituido. No hay lugar a la interpretación. Salvo para Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, que es el organismo que debe decidir a quién posesiona como séptimo consejero. Ella ha resuelto consultar a la Procuraduría “para subsanar esta laguna normativa”. Laguna, lo que se dice laguna, será la suya: mental. Pero es así con el CPCCS: desde los correístas hasta el propio Andrés Fantoni, pasando por Carondelet y la Asamblea, aquí todo el mundo trata de demorarlo todo. Por eso es que no sirve para nada.

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