CPCCS: La renovación del Consejo Nacional Electoral busca salidas a miras del 2024
Tiene más de un año atrasado. En 2024 culmina el periodo del resto de vocales. Expertos barajan alternativas
El panorama se complica. A los traspiés que ha tenido el concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado se suma la incertidumbre alrededor del proceso de revocación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Este proceso lleva más de un año demorado (ver gráfico) y recientemente sufrió un nuevo embate por un juez de Samborondón que aceptó una acción de protección que obliga que el concurso regrese a la etapa de convocatoria de postulantes.
En sesión del pleno del 13 de septiembre, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, señaló que se han agotado los recursos horizontales en el fallo judicial y que existe una apelación en curso, misma que no tiene efecto suspensivo sobre la sentencia.
Este escenario, según David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana, es preocupante ya que la renovación parcial del órgano electoral ya estaba atrasado por más de un año y, según recuerda, para 2024 ya se debería hacer el recambio del resto de vocales del Consejo Nacional Electoral.
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“Desde el punto de vista legal, todos los consejeros deben ser renovados el próximo año”, acota Rosero y señala que la coyuntura obliga a explorar soluciones para que el Consejo de Participación alcance a cumplir con los plazos hacia 2024.
Este Diario intentó comunicarse con el presidente Alembert Vera para consultar qué prevé hacer el Consejo de Participación con el concurso de renovación que se le avecina, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.
La solución es que el CPCCS retome el concurso y, a la par, empiece el otro proceso de renovación. Esto es para que, en definitiva, en 2024 todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral sean cambiados.
Para Rosero, la solución legal es que el Consejo en funciones retome el concurso recientemente reiniciado y que, a la par, se realice un nuevo proceso para la renovación del resto de consejeros electorales.
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“Esto es para que, en definitiva, en 2024 todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral sean cambiados”, sigue Rosero. Sin embargo, esta es una propuesta que no encuentra apoyo en otras exautoridades del Consejo de Participación.
Aland Molestina, exconsejero de Participación Ciudadana, por su parte, recuerda que la normativa contempla que la renovación del órgano electoral se haga de forma paulatina para que haya gente empapada del funcionamiento de la entidad.
“Así es como se procede en todos los cuerpos colegiados”, destaca y sostiene que, pese al riesgo de que puedan haber más demoras, se debe culminar un proceso de renovación para poder iniciar otro.
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También aclara que esta alternativa no es algo que lo contemple en la ley, pero que ante las circunstancias adversas que pasa el concurso, podría ser analizado por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Por su parte, la exvicepresidenta de la institución, María Fernanda Rivadeneria, sostiene que la solución a este tema es más complejo y también debe tomar en cuenta los vicios que, según dice, ha tenido el concurso de renovación parcial.
A su criterio, el hecho de que el Consejo en funciones no haya tenido mayor reacción frente al recurso legal que obligó que el proceso retroceda, da señales de que pueden haber intereses particulares de fondo.
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“Cuidado y ellos (el Consejo de Participación) están queriendo hacer un solo concurso para que entre la gente de ellos”, advierte Rivadeneira y señala que, a su criterio, la entidad estaría tomando ese rumbo.
Sobre la posibilidad de hacer dos concursos de renovación parcial del CNE al mismo tiempo, señala que es algo no contemplado en la normativa y que, de hacerse, podría traer más problemas judiciales al Consejo de Participación.
Sin embargo, hace hincapié en que hay la probabilidad de que el Consejo sí alcance a resolver los procesos de forma individual, pero que esto dependerá de los intereses marcados en la institución.
