“Criminalizan el trabajo de los jueces por casos aislados”: Mireya Torres

El lunes 6 de enero, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, en cadena nacional le hizo una advertencia a la jueza Tanya Loor, que falló a favor del habeas corpus en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas desaparecidos.

¿Cuánto puede pesar en la administración de justicia que autoridades como el ministro Loffredo emitan esos pronunciamientos?

Los jueces somos los vigías de que los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos se respeten. Y si aceptamos que cualquier otro poder del Estado genere una intimidación a una jueza, que representa a la administración de justicia, perdemos nuestra razón de ser. Si en este caso tan alarmante, de grave violación a los derechos humanos, el ministro se atreve a generar una amenaza, qué le puede esperar al ciudadano de a pie.

¿Cómo lo toman?

No es un acto aislado. Desde hace algún tiempo se han generado ataques sistemáticos a la justicia, que ponen en tela de duda nuestras actuaciones. El ataque no solo cala en una jueza. No podemos tolerarlo y lo rechazamos porque somos independientes, de cualquier injerencia interna o externa. 

¿Qué otros hechos les muestran que se duda de sus fallos?

Se trasladan pugnas políticas al campo judicial. Por eso como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces decimos ‘basta ya, permítannos hacer justicia de verdad’. Se ha criminalizado nuestra actividad por casos aislados de personas que no han sabido administrar justicia. No cobijamos esos actos.

El juez Emerson Curipallo admitió una medida cautelar que dejó libre a Jorge Glas. Desde el 2014 acumuló 61 sumarios administrativos. Y hay más jueces involucrados en los casos Metástasis, Purga...

Jamás toleraremos ni aceptaremos acciones ligadas a actos de corrupción. Que haya un debido proceso si se les vincula a actos que desdicen de nuestra actividad. ¿Cuál es la función de la Judicatura? Se supone que se creó para evitar el falso espíritu de cuerpo. No solo hay malos jueces, hay buenos lejos de su familia, para estar a buen recaudo por amenazas.

¿Se puede hablar de justicia con procesos sin sentencia durante meses y años?

Hay compañeros encargados de tres juzgados. Claro que nos preocupa, por eso era importantísimo contar con el banco de elegibles, para poder despachar. También para tener el derecho a la jubilación, al traslado por situaciones catastróficas. La Judicatura tramita quejas por retrasos, pero no depende de la voluntad del juez.

¿Eso pasa en todo el país?

Pasan semanas y meses para una citación. Soy presidenta del Núcleo Orellana y tras las próximas elecciones tendremos tres asambleístas en la provincia, mientras el número de jueces disminuye. En Orellana existe un solo juez penal, una sola jueza de Violencia, uno multicompetente en cada cantón. Nadie tiene reemplazo, el despacho queda abandonado cuando alguien sale a vacaciones. Los multicompetentes trabajan 365 días al año. Cuando uno sale, un juez se encarga de dos o tres unidades.

¿Les preocupa que Mario Godoy, actual presidente, esté en la terna para conformar la Judicatura, luego de las acusaciones de otra jueza?

Hemos conocido las ternas de Fiscalía, Defensoría Pública y Asamblea. Restan las del Ejecutivo y la CNJ. A la Judicatura deben llegar personas relacionadas con la administración de justicia. Algunos solo tienen amplia trayectoria administrativa. Pero la ley está diseñada de esa forma. La Asamblea y el Ejecutivo tienen delegados, son órganos externos con injerencia política. Esperemos que se saquen la camiseta y trabajen por la justicia.

¿Por qué no han reaccionado ante la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien dice que el mismo Godoy la presionó? Ella sostiene que le dieron el fallo del caso de la vicepresidenta Abad en un pendrive. 

Rechazamos cualquier injerencia interna, externa, del presidente o de grupos criminales. La doctora Vera no es nuestra socia. Conocemos lo que dijo en medios. Otros compañeros jueces resolverán en virtud de las pruebas de calumnia o amenaza.

¿Quién es Mireya Torres?

Es una abogada amazónica. Tiene 42 años. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, Informática Legal y Documentología. Además es magíster en Derecho, con mención en Procesal Penal. Es presidenta del Núcleo Orellana y vocera de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj).

Contexto

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces reaccionó ante las declaraciones del ministro de Defensa, quien le dijo a una jueza que llegará hasta las últimas consecuencias para que sea sancionada. Esa advertencia indignó a los miembros del chat de WhatsApp del gremio, que suma 900 socios (en el país hay unos 2.000 jueces). Piden respeto a su independencia.

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