Noboa declara otro estado de excepción en Ecuador, ahora por crisis energética
¿La razón? Conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional, debido a la emergencia energética
La tarde de este 19 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional, debido a la emergencia energética por la que atraviesa el país.
El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a escala nacional, según el decreto firmado Noboa.
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Leer más"La declaratoria requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica, respondiendo a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad y universalidad", cita.
Militares y policías resguardarán las instalaciones para "prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento”, también se señala en el decreto que establece que la medida durará 60 días.
El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de asignar los recursos necesarios para atender la emergencia, sin afectar los fondos correspondientes a los sectores de salud y educación.
La crisis energética a nivel nacional ha llevado a que Ecuador a a tener apagones de hasta ocho horas para racionar la electricidad, ante la imposibilidad de atender la demanda nacional.
A ello se sumó la suspensión del suministro eléctrico procedente de Colombia, que también afronta una gran sequía y no cuenta con excedentes para exportar.
La administración de Noboa ha denunciado un presunto sabotaje contra el Gobierno en el que ha acusado a Arrobo y a otras 21 personas de presuntamente ocultar información para haber mitigado esta crisis e incluso de supuestamente de haber vaciado el embalse de Mazar a propósito, lo que ha sido negado por el operador encargado de esa reserva de agua.
¿QUÉ MÁS DICE EL DECRETO FIRMADO ESTE 19 DE ABRIL?
- Disponer de la movilización en intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética, para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas.
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