Crisis energética: ley urgente de Noboa sumaría apoyos de PSC, RC y oficialismo
Tras el anuncio del aumento de las horas de cortes de luz, la correísta Viviana Veloz adelantó el debate de la ley energética
Tras una convocatoria urgente, los asambleístas se reunirán este domingo 27 de octubre de 2024, de forma presencial, para atender el segundo debate del proyecto de ley para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías. La propuesta, calificada como económica urgente, busca dar elementos normativos que sirvan para enfrentar la crisis energética, que ha provocado apagones programados de 14 horas no consecutivas a escala nacional.
El informe para el segundo debate del proyecto se aprobó por unanimidad la tarde del último jueves 24 de octubre de 2024 en la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidido por la legisladora y jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, quien también es proponente de este proyecto de ley.
De acuerdo con el texto, la ley abarca la posibilidad de presentar planes de transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental; la importación de gas natural para generar energía eléctrica; la revisión de la potencia de proyectos en marcha que producen hasta 10 MW; seguridad jurídica; la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados para obtener energía eléctrica del procesamiento de residuos. La propuesta también contempla la concesión de préstamos con tasas preferenciales para quienes “deseen implementar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables para autoconsumo”, entre otros.
#ANÁLISIS | Finalmente tuvieron razón los pesimistas que dijeron que el gobierno había actuado irresponsablemente cuando anunció, en cadena nacional y con la participación del presidente de la República, Daniel Noboa, que los apagones iban a ir disminuyendo semana a semana.
— Diario Expreso (@Expresoec) October 25, 2024
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Así se cocinan los votos para el proyecto de ley energética de Noboa
EXPRESO consultó con varios legisladores para saber cuánto apoyo existe en la Legislatura para la aprobación de este proyecto. Además del oficialismo, las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano (PSC) tienen una postura favorable ante la propuesta. Construye, en cambio, hasta el cierre de esta edición no había definido su postura.
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Jorge Acaiturri, del PSC y miembro de la comisión que elaboró el informe, indicó que si bien este proyecto “no va a solucionar los problemas energéticos a corto plazo”, se constituye en “una buena oportunidad para comenzar a construir la normativa que le permita firmeza al sistema energético nacional de cara al futuro”.
Para la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, los votos de la bancada serán a favor del proyecto de ley siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones que aseguren el control estatal y respeten la normativa vigente. Garzón enfatizó que el proyecto no debe conducir a una privatización del sector energético, considerando que la Constitución “prioriza el ejercicio del Estado por sobre lo privado”. Además, Garzón señaló que hay errores de forma en el texto del proyecto que deberán corregirse para que exista coherencia jurídica.
La asambleísta también enfatizó en que este nuevo proyecto normativo debe permitir que los municipios y prefecturas puedan generar electricidad por su cuenta. Por ejemplo, Garzón mencionó la propuesta del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para que los municipios que ya generan energía, puedan aumentar dicha producción. En el caso de la capital, de acuerdo con la iniciativa de Muñoz, la energía propia permitiría garantizar las estaciones de bombeo de agua, el funcionamiento del metro y del trolebús.
Por su parte, la legisladora de Avanza, Lucía Posso, integrante de la comisión de Transparencia y quien presentó una serie de reformas y propuestas para la construcción del proyecto de ley, señaló que el texto actual es insuficiente para solucionar la crisis energética, ya que se limita a cambios menores sin abordar problemas estructurales. Expresó que se necesitan reformas que no sean solo “un mamotreto que no va a servir” y mencionó que ni el Ejecutivo ni la Legislatura debe enviar o aprobar “proyectos de ley tibios”, según expresó.
Para Posso, el proyecto debió ampliar el límite de potencia de los proyectos privados, declarar de interés nacional los proyectos de generación, facilitar cambios en tipos de generación y mejorar la transparencia estatal en costos para atraer inversión.
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