La crisis en Participación Ciudadana arrastra a otras funciones del Estado
Ejecutivo, Legislativo y Judicial se interesan en el tema. El Ministerio de Gobierno acude a la Asamblea. La Judicatura también será convocada
Un problema que se ventila en varios escenarios. El conflicto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) involucra hasta ahora a tres funciones del Estado. Todas declaran su respeto a la independencia de funciones.
En lo Judicial es en donde más acciones se han ejecutado por la pugna interna. La noche del martes el fiscal Fabián Chávez lideró un allanamiento a las oficinas de la entidad en Quito. El objetivo: incautar y recolectar evidencias dentro de una investigación por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.
Más que interferencia de la justicia, como tal, existe un abuso de la justicia constitucional. Este tema se debería resolver en el ámbito judicial, pero parece que se lo hará en lo político.
La denuncia fue presentada por Hernán Ulloa, que fue elegido presidente por la nueva mayoría conformada con Ibeth Estupiñán, Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Todos ellos fueron convocados ayer por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para que expliquen, entre otras cosas, por qué han judicializado el tema.
Ulloa lo negó y recordó que fue Sofía Almeida la que acudió primero a la Unidad Judicial de Samborondón, en Guayas, para interponer una acción de protección con pedido de medidas cautelares que le fueron otorgadas por la jueza Karly Vargas, que luego fue separada por error inexcusable.
En plena comparecencia Ulloa anunció que el juez que la reemplazó anuló la medida cautelar favorable a Almeida. “Se declara la validez de lo actuado el 9 de febrero (día de su elección) y por ende la validez de nuestras resoluciones”, señaló en la Comisión dominada por correístas y socialcristianos, por lo que la “buena noticia” no cayó del todo bien.
Veo injerencia de la justicia y del Gobierno y creo que deberían dejar que esta crisis se resuelva en el ámbito político, al interior del propio Consejo de Participación Ciudadana.
El Ejecutivo también se ha visto salpicado, a través del Ministerio del Gobierno, Alexandra Vela fue llamada por esta Mesa Legislativa para que explique la actuación de la Policía Nacional, la semana pasada, cuando rodeó el edificio del CPCCS mientras los consejeros de mayoría se reunían.
La pregunta recurrente fue si el Gobierno acudió al llamado de Ulloa porque ya lo reconocía como presidente del organismo. Vela aclaró que no es competencia del Ministerio ni del Gobierno determinar si Ulloa es o no presidente del CPCCS. La presencia policial fue solicitada en su calidad de consejero para evitar posibles desmanes en los exteriores, explicó la funcionaria.
La Judicatura, en la mira de la Asamblea
A los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional sí les parece, por lo menos, “sospechosa” la actuación de jueces y fiscales en la situación del CPCCS.
Su presidente, Ferdinan Álvarez, de Unión por la Esperanza (UNES), propuso que comparezcan ante esta Mesa Legislativa los integrantes del Consejo de la Judicatura para que expliquen las diferentes actuaciones y decisiones que se han tomado sobre este tema.
