La cruzada por la Justicia

Andersson Boscán Pico y Cristina Bazán Salcedo

Tienen mucho en común. Todos fueron jueces de la República. Todos llegaron por concurso de oposición y méritos. Todos recibieron en sus escritorios una papa caliente. Todos dicen haber recibido visitas de un funcionario equis, de la fiscalía tal, de nombre anónimo, de tarjetas con emblema oficial. Todos han sido destituidos. Todos anunciaron el lunes, como publicó ayer este Diario, que es hora de demandar al Consejo de la Judicatura y abrir una cruzada por la independencia de la Justicia.

“Cuando usted piensa en un juez destituido, lo primero que piensa es que ha sido hallado en un acto de corrupción. No es nuestro caso”, deja en claro Madeleine Pinoargote, quien lidera la iniciativa de los exjueces. De hecho, la vía que facilitó la separación de los 37 reunidos en el grupo que prepara la demanda colectiva es también una coincidencia común: error inexcusable o manifiesta negligencia.

El error inexcusable es, según la doctrina, un error grosero. Y en la ley consta como causal para la destitución. Su límite, sin embargo, no existe. Error inexcusable puede ser cualquier cosa, como puede desprenderse de la treintena de oficios de destitución, revisados por EXPRESO, que firma el Consejo de la Judicatura. Firmar es un decir: ninguna destitución incluye una rúbrica de responsabilidad. “Un juez destituido nunca sabe quién ordenó su destitución”, explica uno en el grupo.

En un Estado de Derecho, un juez de primera instancia solamente puede ser juzgado por uno de tribunal y uno de tribunal por uno de Corte Nacional. En Ecuador, todos pueden ser destituidos por el Consejo de la Judicatura. Y aunque la Ley de la Función Judicial aclara que, en ningún caso, el Consejo de la Judicatura estará por encima de los jueces, en la práctica es posible que usted desconozca el nombre del presidente de la mismísima Corte Nacional; pero acierte con la presidencia de la Judicatura: Gustavo Jalkh. El exsecretario privado de Rafael Correa, ha liderado el denominado y publicitado “proceso de modernización de la Justicia” y también su menos publicitado proceso de purga.

El Consejo de la Judicatura, un elemento administrativo derivado en juez de jueces, no atendió el requerimiento de información de este Diario para aclarar o desmentir las muchas acusaciones sobre enviados anónimos con intenciones de influir en decisiones judiciales. Sin embargo, semanas atrás, en una entrevista en estas páginas, Jalkh defendió su control disciplinario: “La existencia de la figura de Error Inexcusable no significa de ninguna manera una herramienta de persecución, por el contrario, su sanción garantiza una administración de justicia confiable”, dijo.

Hay quienes creen todo lo contrario. Madeleine Pinoargote, la cara más visible de los 37, fue la encargada de llevar adelante la primera instancia del caso Fondos Global. Su decisión de levantar la incautación de bienes la llevó –según su denuncia- a perder su trabajo. Pero también a su hijo. La exjueza ha denunciado ante la justicia, en un caso archivado, que una representante de la Fiscalía la “presionó” para fallar de una forma distinta. La presión, en el segundo mes de un embarazo que no conocía, provocó en su bebé por nacer un infarto fulminante como consta en su registro médico. El caso terminaría por resolverse casi un año más tarde de una forma inusual: “Entraron cinco personas a mi despacho, me sacaron por la fuerza de mi asiento, redactaron la sentencia y me obligaron a firmar”, describe, esta vez sin documentos.

Entre los 37, los comentarios son casi iguales. Enviados que proponen o disponen. Y denuncias sin sustento probatorio. Los testimonios replicados por decenas aseguran que es difícil hacerse con evidencias de los excesos “cuando el Consejo de la Judicatura controla a los coordinadores, la seguridad, los secretarios; el personal completo”.

Hay algunos, sin embargo, que logran algún documento probatorio: un escrito, un correo, un nombre. El más emblemático es Juan Carlos Vizueta, quien estuvo a cargo del caso Neonato, que involucró a médicos cubanos en el traslado “negligente” de un recién nacido que, dormido en un termostato en mal estado, murió calcinado –grito sobre grito- a bordo de una ambulancia que venía hacia Guayaquil. El caso, largamente documentado por Diario Extra, dejó por sentada la visita de un funcionario que le exigía al juez, por orden superior, la liberación de los médicos extranjeros. Vizueta se negó, asegura en su testimonio. “Entonces vas a ser trasladado, luego sancionado, luego destituido”, le advirtió el anónimo. Y así fue.

Sin embargo, antes de irse custodiado por los guardias, el aún juez Vizueta dictó a su secretaria la última providencia del caso, la 2015-02847. Allí narra con detalle la visita, la orden contra un juez de la República, y la decisión administrativa que ordenó su traslado el mismo día. La providencia fue anexada al expediente y se convierte en el único documento que registró en firme lo que hoy pretenderán probar en tribunales.

Lo han intentado ya. Los 37 han seguido algún tipo de acción, generalmente administrativa, ante jueces que también se encuentran bajo la vigilancia del Consejo de la Judicatura. Ninguno ha tenido éxito.