Cuatro abogados defienden a Jorge Yunda en su juzgamiento

No fue necesario un segundo intento. El tribunal que juzga al alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, y a otras 13 personas sospechosas de posible peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 instaló ayer la audiencia de juicio en su primera convocatoria.

Wilson Lema (ponente), Fabián Fabara y Patlova Guerra integran el tribunal que desde ayer y durante un mes escuchará las pruebas de cargo y descargo de la Fiscalía, acusación particular y 14 procesados.

El fiscal Alberto Santillán abrió el ciclo de exposiciones con la presentación de sus alegatos de apertura. Ofreció probar que Jorge Yunda es autor mediato por dominio de voluntad en aparatos de poder del posible delito de peculado por el que lleva en su tobillo un dispositivo electrónico.

Santillán dijo al tribunal que con más de 150 testigos, peritos y pruebas documentales demostrará además que el exsecretario de Salud del Municipio y hoy prófugo de la justicia, Lenin Mantilla, y el principal de Salumed Juan Vinelli, son autores directos del delito que se sanciona con entre 10 y 13 años de cárcel.

A los 11 restantes procesados, entre los que se encuentran la secretaria de Salud Ximena Abarca y la excoordinadora técnica de Salud, la científica Linda Guamán, son coautores del presunto ilícito.

Según el fiscal de Pichincha, el perjuicio para el Estado por la compra de las 100.000 pruebas sería de 2’235.491 dólares.

Recordó que el contrato fue firmado el 16 de abril de 2020 en emergencia sanitaria entre Mantilla y Vinelli. Describió que a pesar de que el contrato decía que serían pruebas PCR lo que se habría entregado son pruebas RT LAMP que tendría menor porcentaje de sensibilidad para detectar el virus. Añadió que hay dos informes de la Contraloría que señalan que se buscó beneficiar a Salumed.

Marcelo Icaza, uno de los cuatro abogados de Yunda, dijo que será muy difícil probar la materialidad del delito y que su cliente ha participado en una conducta penalmente relevante. Por eso consideró que al final de la audiencia se deberá ratificar su inocencia.

“No encontramos ningún elemento. Va a ser imposible para la Fiscalía demostrar que Jorge Yunda tuvo algún grado de participación”, señaló. Mencionó que el fiscal dice que su defendido conoció pero que eso no genera acción porque “él delegó el proceso contractual a la Secretaría de Salud”.

La audiencia se instaló pasadas las 09:30 en el piso 11 del Complejo Judicial norte de Quito tras la constatación de la asistencia de los enjuiciados y sus defensores. Hasta cuatro abogados defiende a cada uno de los sospechosos. Por eso, en la sala se concentraron casi un centenar de personas, entre procesados y sus defensores, miembros de la Fiscalía y cercanos o colaboradores de los procesados.

Yunda llegó dos veces a la sala de audiencia. En la primera oportunidad avanzó hasta la puerta del auditorio, habló con sus abogados, luego tomó el ascensor, salió a la calle, tomó el primer taxi que encontró y se fue diciendo que en la diligencia quedaban sus defensores.

Pocos minutos después, ya cerca de la instalación del juzgamiento apareció y se colocó en un extremo de la sala de audiencia hasta que la secretaria de la Sala Penal lo acomodó junto a sus cuatro defensores.

Previo a la instalación de la diligencia el tribunal, presidido por Wilson Lema, resolvió un pedido del abogado Felipe Rodríguez, quien defiende a Juan Vinelli. Él hizo caer en cuenta a los jueces que en la audiencia se presentó una situación. Su testigo Carlos Carrasco había asumido la defensa del procesado Diego Salazar.

Pidió al tribunal que resuelva si primero daba su testimonio antes que cualquier otro testigo y luego se incorporaba como defensor o la alternativa que debía ocurrir. Después de unos 20 minutos de análisis el tribunal concluyó que Carrasco no podía asumir como abogado porque su escrito se había presentado a última hora cuando el juicio se convocó casi con dos meses de antelación.

El actuar fue considerado como falta de ética del procesado y su nuevo patrocinador. Considerando que el sospechoso tenía dos abogados, los jueces invitaron a Carrasco a que abandone la sala de audiencias.

El tribunal garantizó que se observarán en el juicio los principios, garantías y derechos a la defensa.

El detalle

Testigos. Concejales como Fernando Morales fueron convocados como testigos en el juicio que durará un mes para la recepción de peritos, testigos y pruebas.