Al menos cuatro acciones ordenan a Salud que entregue la lista de vacunados

Jueces de Pichincha, Tungurahua y Chimborazo aceptaron acciones de acceso a la información presentadas por la Defensoría del Pueblo y el colectivo Acción Jurídica Popular.

La decisión es la misma: disponer al Ministerio de Salud que entregue la información relacionada con el proceso de vacunación, el listado de los vacunados y los contratos con las farmacéuticas para la compra de las vacunas.

No es solo la jueza de Pichincha Selma Espinosa la que ordena a Salud entregar la información relacionada con el proceso de vacunación dentro de la acción de acceso a la información pública presentada por el colectivo Acción Jurídica Popular.

Santiago Machuca, integrante del colectivo, indicó que la disposición de entrega es para los próximos 15 días. La apelación de la representante de la cartera de Salud argumentando que la entrega de dicha información pudiera causar conmoción no sería, según Angélica Porras, obstáculo para el cumplimiento de la resolución.

También en Pichincha, una acción presentada por la Defensoría del Pueblo logró que un juez acepte el recurso, declare la vulneración del derecho de acceso a la información y disponga la entrega de datos relacionados con el plan de vacunación y el protocolo en el que se haga constar la provincia de Pichincha. Para ese efecto se concedieron 10 días término.

En Tungurahua también se declaró que existe vulneración de los derechos constitucionales en la garantía de la seguridad jurídica y acceso a la información pública.

Por eso se aceptó la acción de acceso a la información pública y, como medidas de reparación integral ordenó a Salud que indique cuántas vacunas han llegado al distrito de salud y si ha iniciado el proceso de vacunación a la población.

Dispone que se remita el listado de las personas que han recibido la vacuna con nombres y apellidos, números de cédula, edad, si pertenecen al personal de salud o es una persona adulta mayor.

Ordenó que envíe el protocolo de vacunación del distrito de Salud, debiendo indicar cuál será su diseño, su aplicación y los avances. El plazo para la entrega es de cinco días. Pero hubo una condición: la obligación constitucional, convencional y legal de guardar la información que se le conceda de las personas, con las reservas y confidencialidad que el caso amerita. Su procesamiento, utilización y archivo debe ser observando la confidencialidad e intimidad de conformidad con la normativa pertinente. 

La cifra

8 días se concedió en Riobamba para la entrega de la información de las vacunas.