Cuatro eventos en este año desnudaron las flaquezas ante desastres
El país enfrentó en 2020 los imprevistos en dos ríos en la Amazonía, los incendios forestales y la actividad del Sangay. Quedan cuantiosas pérdidas
En marzo pasado, Ecuador declaró un estado de emergencia sanitaria y aplicó un estado de excepción para enfrentar la expansión de la COVID-19, tras la confirmación de los primeros casos de la enfermedad.
La pandemia, que hasta hoy acumula más de 12.000 fallecidos (confirmados y probables) y bordea los 170.000 casos positivos de contagios, se constituye, sin duda, en la mayor calamidad en este 2020.
Pero el país ha mostrado también en este año un amplio margen de vulnerabilidad, al estar expuesto a amenazas naturales. Cuatro eventos ocurridos en diversas zonas de la geografía nacional, que obligaron a las autoridades a movilizarse en situación de emergencia y buscar acciones de respuesta, han dejado resultados con tintes de catástrofe: han dejado cuantiosas pérdidas materiales y lamentables afectaciones humanas y ambientales.
En el sector de El Chaco, provincia de Napo, el proceso erosivo en el cauce del río Coca y sus afluentes, iniciado en febrero, ha puesto en riesgo poblaciones y bienes estratégicos del Estado como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El socavamiento produjo la destrucción de un tramo de la carretera Baeza-Lago Agrio y del puente sobre el río Montana, así como la rotura de ductos petroleros, cuyo derrame de crudo contaminó los ríos Coca y Napo.
El suceso, aparte de dejar una decena de viviendas en riesgo, afectó a más de 25.108 habitantes que utilizan el agua del río.
Las copiosas lluvias en la Amazonía produjeron, en junio, el incremento del caudal del río Upano, en Morona. La fuerza del agua se llevó parte de la calzada de la carretera Macas-Puyo. Las autoridades reportaron afectaciones en los sectores de Playas de San Luis, Santa Rosa y las playas del río Upano.
Diez personas evacuadas, 22 damnificadas y la destrucción de infraestructura vial y de transmisión eléctrica son parte de los daños de este evento hidrometeorológico.
Desde julio pasado, los incendios forestales se presentaron con mayor frecuencia en el país, arrasando consigo miles de hectáreas de bosques y cultivos. Según cifras oficiales, hasta la fecha han ocurrido 774 eventos de este tipo, que ocasionaron la pérdida de 7.032,84 hectáreas de cobertura vegetal, así como fauna propia, una gran parte en varios sitios de protección natural del Ecuador. Las provincias más afectadas han sido Loja, Guayas, Chimborazo, Imbabura y Pichincha.
En agosto, las autoridades de Gobierno presentaron, por cuarto año consecutivo, una campaña nacional para prevenir los incendios forestales.
En la madrugada del 20 de septiembre, el volcán Sangay, que sigue en una fase eruptiva iniciada en mayo de 2019, aumentó considerablemente ese nivel de actividad. La ceniza arrojada se dispersó por 39 cantones de Chimborazo, Bolívar, Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Y no pasó solo eso: el 25 de septiembre, las fuertes lluvias y el arrastre de material piroclástico, ocasionaron el desbordamiento del río Upano, en Morona Santiago.
La caída de ceniza causó cuantiosos daños en el campo. Más de 28.000 agricultores resultaron perjudicados, al igual que 102.000 hectáreas de cultivo. Centenares de personas se reportaron con problemas de salud.
SNGRE: los resultados demuestran que vamos por buen camino
Durante un reciente encuentro virtual sobre el uso tecnológico para la alerta temprana ante eventos peligrosos, Silvia Vallejo, del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, al referirse a los riesgos de las erupciones volcánicas, destacó la necesidad de tener a la población capacitada. “Si una comunidad no conoce de los riesgos de vivir en una región vulnerable, no serviría de mucho todas las decisiones que se tomen”, dijo.
En ese foro, Rommel Salazar, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), destacó que para la oportuna atención de las emergencias, se han atendido los requerimientos de las instituciones del Estado responsables. “Todos estos resultados nos demuestran que vamos por buen camino”.
El funcionario resaltó la implementación en el país de un sistema de alerta temprana ante tsunamis en el perfil costero y la región insular, así como la disponibilidad de vehículos simuladores de sismos.
EL DETALLE
El SNGRE debe establecer políticas de gestión de riesgos que incluyen, entre otros, la prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación.
